Comercios advierten que la presión impositiva y la caída de ventas asfixian a las pymes salteñas

Desde Comerciantes Unidos denuncian una "lógica recaudatoria" en las multas y un éxodo de locales del centro hacia zonas con costos más bajos.

La situación del comercio minorista en la ciudad de Salta ha ingresado en una fase crítica, marcada por una combinación letal de recesión económica y una presión fiscal que los referentes del sector califican de insostenible. Carol Ramos, titular de Comerciantes Unidos, trazó un crudo diagnóstico sobre la realidad que atraviesan los negocios locales, señalando que la caída estrepitosa del consumo, sumada a los incrementos desproporcionados en las tarifas de servicios públicos, ha colocado a cientos de pequeñas y medianas empresas en una situación de supervivencia límite. La falta de circulante en la calle se refleja de manera directa en las cajas diarias, sin que se vislumbren señales de reactivación en el corto plazo.

Uno de los puntos más conflictivos de la denuncia radica en el rol de los organismos de control. Según la organización, existe una lógica sancionatoria con fines netamente recaudatorios, donde se aplican multas cuyos montos no guardan ninguna proporción con las faltas penalizadas. Para los comerciantes, estas sanciones resultan imposibles de afrontar y generan un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y el sostenimiento del empleo. Ante la inviabilidad de pagar alquileres céntricos y facturas de energía eléctrica que no dejan de escalar, muchos propietarios han optado por el cierre definitivo o el traslado hacia zonas periféricas con costos operativos más reducidos.

La respuesta judicial tampoco ha traído alivio: el recurso presentado por Comerciantes Unidos contra el aumento de tarifas permanece sin avances concretos en los tribunales, mientras los locales siguen bajando sus persianas. Ante este escenario, la entidad —que nuclea a cerca de mil comercios— exige medidas urgentes que incluyan una auditoría nacional sobre los entes reguladores y una revisión integral de las unidades tributarias municipales. La propuesta del sector es clara: necesitan un sistema de multas transparente, paritarias negociadas por empresa y una reforma laboral que contemple la fragilidad de las pymes frente a las grandes cadenas.

Para los referentes de la actividad, si no se avanza en una flexibilización de la carga impositiva y en un freno a la voracidad de los organismos de control, el paisaje del microcentro salteño continuará transformándose en una sucesión de locales vacíos. La estabilidad de quienes sostienen el motor económico de la ciudad depende hoy de una decisión política que entienda que la variable de ajuste no puede ser siempre el comerciante que apuesta día a día a mantener su puerta abierta.