Grave denuncia de trabajadores de SACRA contra su presidenta Lidia Córdoba

La situación laboral en la institución SACRA filial Salta, ubicada en calle Florida 476 y presidida por la Sra. Lidia Córdoba, se volvió insostenible para sus trabajadores y trabajadoras. Trabajadoras y familiares dialogaron con Nuevo Diario y resolvieron preservar su identidad por miedo a represalias.

S.A.C.R.A. Salta es una escuela primaria de educación especial de gestión privada, mixta, y de formación laica. La institución ofrece servicios educativos en la modalidad de educación especial para el nivel primario para niños con capacidades diferentes.

Para su funcionalidad tiene una planta de trabajadores y según revelaron, ascendería a más de 120 —entre chóferes, celadores, personal de cocina, limpieza, administrativos, terapeutas, profesoras de educación especial y enfermeras— distribuidos en sus sedes de Quijano, San Luis y macro centro de la ciudad, La Florida 476. Son estos trabajadores quienes denunciaron el atraso en el pago de sueldos, la falta de aportes jubilatorios y de cobertura médica, además del maltrato sistemático por parte de la dirección.

"Desde mediados de febrero, el personal no percibe sus salarios, y ya se adeudan los meses completos de marzo y abril" expresaron. Las y los trabajadores tampoco cuentan con obra social desde junio de 2024, ni se han realizado aportes jubilatorios desde el año pasado, denunciaron también ante medios locales. A pesar de haber elevado denuncias al Ministerio de Trabajo, afirman no haber recibido respuestas ni fiscalizaciones.

“El reclamo lleva meses, y lo único que ofrecen ahora es pagarnos febrero para que sigamos yendo. Nos siguen exigiendo como si nada pasara”, expresó una trabajadora. La desesperación crece entre las familias, muchas de las cuales dependen exclusivamente de ese ingreso.

Además, según tracendió, una de las empleadas cursa un embarazo de riesgo y tiene una cesárea programada que no puede realizar en el sistema privado por la falta de obra social. 

Los testimonios recabados por un medio colega describen un contexto de precarización extrema. “No nos dan materiales, ni siquiera comida. Una compañera contó que les ofrecieron un plato como limosna, después de tres meses sin cobrar”, denunciaron.

Además, varias de ellas decidieron comenzar a retirar de la institución los elementos que habían comprado con sus propios recursos para trabajar con niños y niñas con discapacidad, ya que SACRA no les provee insumos básicos para realizar su labor.

Otra denunciante, madre de una de las profesionales, relató su experiencia en contacto con este medio: “Mi hija trabaja con niños especiales, y ya hay muchas chicas que están renunciando. Lidia Córdoba dijo en los medios que no les iba a pagar porque ‘estaban en política’ y que desde Buenos Aires no les mandaban la plata. También dijo que gracias a SACRA muchas tienen auto y casa, como si eso justificara que no cobren. A ella no le importa si vivís en una choza o en un palacio, tiene que pagar lo que corresponde”.

En paralelo a estas denuncias en redes sociales, trabajadoras comenzaron a expresar de forma anónima el malestar colectivo: “Muy lamentable tener que llegar a hacer uso de esta plataforma para dar a conocer la difícil y dolorosa situación que estamos viviendo en SACRA, institución que se dedica a la atención de personas con discapacidad. Desde el mes de febrero no recibimos la remuneración correspondiente por nuestro trabajo. Nos vimos en la necesidad de hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, donde no recibimos el apoyo que necesitamos. No están realizando aportes de obra social ni jubilación desde hace meses”.

Desde el personal también alertaron a quienes buscan ingresar a trabajar: “Queremos advertir a las docentes nuevas que por necesidad aceptan trabajo en esta institución, que no serán remuneradas y que busquen un lugar más seguro. Lidia Córdoba maltrata verbalmente, no acepta diálogo y se niega a responsabilizarse por la falta de pago”.

Ayer el Ministerio de Trabajo se hizo presente en las instalaciones de SACRA, pero solamente les mostraron las dos primeras aulas, mostrando sólo 8 alumnos, pero al resto de los niños los mantuvieron “ocultos” en las aulas del fondo, evitando así que las docentes pudieran expresar su situación.

El pedido es urgente: respuestas institucionales y protección para quienes denuncian. Mientras tanto, la institución sigue prestando servicios y facturando al programa nacional Incluir Salud, sin que se vea reflejado en el salario ni en los derechos básicos de su personal.