Declararon nulo el Protocolo Antipiquetes y pusieron un límite a la represión estatal

Un fallo judicial declaró la nulidad del Protocolo Antipiquetes, una de las herramientas más controvertidas del actual esquema de seguridad del Gobierno nacional, cuestionada desde su implementación por organismos de derechos humanos y sectores sindicales. La resolución responde a una acción judicial impulsada por Amnistía Internacional, el CELS, Sipreba y otras organizaciones, que reclamaban su inconstitucionalidad por vulnerar derechos fundamentales.

Lejos de tratarse de una discusión teórica, el fallo se apoya en datos concretos: más de 2.550 personas resultaron heridas durante operativos realizados bajo el amparo del protocolo. Los registros incluyen impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, además de violencia física directa contra manifestantes. Para los organismos denunciantes, estas cifras evidencian un patrón de represión incompatible con estándares democráticos y de derechos humanos.

Desde las organizaciones impulsoras de la causa remarcan que la decisión judicial es el resultado de años de activismo, movilización y documentación sistemática de abusos, y constituye un avance concreto para frenar prácticas que naturalizaron la violencia estatal frente a la protesta social. “Es un paso esencial para poner límites”, sostienen.

Sin embargo, el escenario sigue abierto. El Gobierno ya apeló la medida, lo que mantiene en suspenso la vigencia definitiva del fallo y anticipa una nueva disputa judicial y política. La apelación se da, además, en un contexto de creciente preocupación: en la misma semana en que se conoció la nulidad del protocolo, el Ejecutivo habilitó por decreto que agentes de inteligencia puedan detener personas sin orden judicial y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia, decisiones que encendieron alertas por posibles retrocesos en materia de libertades civiles.

En este marco, las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de sostener la denuncia pública y el acompañamiento a las víctimas, así como de fortalecer herramientas de protección para quienes ejercen el derecho a manifestarse. Entre ellas, destacan guías para protestar de forma segura y recursos para prevenir prácticas como el ciberpatrullaje.

El fallo contra el Protocolo Antipiquetes marca un precedente relevante, pero también expone una tensión de fondo: la disputa entre un modelo de seguridad centrado en el control y la disuasión, y otro que reconoce a la protesta social como un derecho democrático y no como una amenaza. La resolución judicial abre una puerta; su efectividad dependerá de lo que ocurra en los tribunales y, sobre todo, en la calle.