Nación pide el ascenso de militares familiares de represores en las Fuerzas Armadas

La administración de Javier Milei envió al Senado de la Nación un pedido formal de ascenso de militares de la Armada que estaban frenados por ser parientes de represores involucrados en crímenes de lesa humanidad.

La medida firmada por el presidente y el ministro de defensa buscar revertir una decisión que había tomado la exministra de Defensa, Nilda Garré, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010.

Se trata del ascenso de los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond. La lista también incluye a los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro.

La nota fue enviada el 23 de diciembre y lleva la firma del Presidente y de su ministro de Defensa, Luis Petri, y solicita "el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina". De aprobarse la solicitud, los retenidos serán promovidos con carácter retroactivo al "reunir", según Milei, "las condiciones exigidas por la ley"; esto quiere decir que en caso de lograr las condecoraciones, se tomarán medidas para resarcir estos años cuyo asenso no podía ser concretado.

En el 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Defensa, Nilda Garré, pasó a retiro a decenas de militares de alto rango. La decisión fue tomada a través de la Resolución 1581, con la razón de que todos ellos "tenían algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura.

Durante la presidencia de Mauricio Macri se habían iniciado las gestiones para dejar sin efecto la medida tomada por Garré, pero no lo consiguieron.