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Salta, entre las provincias con más interrupciones legales de embarazo 

Tal como lo dio a conocer el Ministerio de la Salud de la Nación, la provincia de Salta registró un total de 2.799 prácticas, las cuales fueron realizadas hasta el 30 de septiembre.

General 09/01/2023 Flavia Pacheco Flavia Pacheco
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En el informe emitido por la cartera sanitaria, se presentó la cantidad de interrupciones, tanto voluntarias como legales, realizadas hasta el 30 de septiembre de 2022 en todo el territorio nacional. En el país hubo 59.267 prácticas.

La provincia con mayores interrupciones del embarazo fue Buenos Aires, con 22.665 casos. En el caso de la provincia de Salta, se informaron 2.799 casos, siendo la quinta provincia con mayor acceso a la práctica.

Salud informó también los efectores en el sistema público de salud de todo el país que realizaron las prácticas, siendo 1.443 en todo el país, un 59,8% de lo declarado en el 2020. Salta cuanta con 41 efectores.

Sobre la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Sancionada en diciembre de 2020, la Ley N° 27.610 garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige, y regula la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige, y regula la interrupción bajo un modelo mixto de plazo y causales.

Así, la ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.

Se trata de una ley de orden público, por lo cual es de aplicación obligatoria en todo el país y de cumplimiento obligatorio por el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita.

La norma también establece que los equipos de salud tienen un plazo máximo de 10 días para garantizar el aborto desde su solicitud, y que la atención debe realizarse de manera segura y confidencial, con trato digno y respeto de la privacidad.

Además, la ley contempla que las prestaciones para la cobertura integral y gratuita de la interrupción del embarazo queden incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. A su vez, las prestaciones de interrupción del embarazo, atención posaborto y consejerías están incluidas en la Línea de Cuidados de Salud Sexual y Reproductiva del Plan SUMAR y en el Plan Enia.

Desde la sanción de la ley, el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante una construcción federal y continua con cada provincia para avanzar en su implementación, difundiendo los derechos asociados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y desarrollando políticas para garantizar su cumplimiento.

 

 

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