Niña abusada solicitó un aborto pero una ONG impidió su derecho a la ILE

Autoridades judiciales buscan garantizar el derecho al aborto de una niña de 12 años que había sido abusada por su padre y cuya decisión de interrumpir el embarazo fue obstaculizada por una ONG antiderechos. La nena, que había expresado junto a su madre su voluntad de someterse a la práctica, no se presentó en el hospital en el día pautado.

La titular de la secretaría de Niñez, Patricia Chialvo, detalló a El Destape que, por intervención de una jueza de familia, la fuerza pública rescató a la niña de un hogar religioso ubicado en la capital provincial y la trasladó a un efector de salud para definir cómo continúa el procedimiento.

"La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes", detalló Chialvo. Ahora, las autoridades de la Secretaría de Niñez, de los ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia analizan la situación y posibles acciones en torno al caso.

La Justicia inició la investigación para dar con el paradero de la mujer y la niña, luego de que ambas no se presentaran a realizar el procedimiento tras ser contactadas durante el fin de semana por integrantes de una asociación civil denominada Grávida, que intentaron convencerlas para que no abortara. Las autoridades sospecharon desde el primer momento que tanto la niña como su progenitora estaban en un sanatorio privado de la capital de la provincia bajo la tutela de esa asociación que lucha contra la aplicación de la IVE. Finalmente, la información de que se encontraba en un hogar religioso fue confirmada también por voceros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, que interviene en el caso. 

Fuentes consultadas confirmaron que la madre llegó a firmar el consentimiento, requisito necesario para concretar el procedimiento que establece la ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, que garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige. Además, se trata de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y no una IVE, en tanto el embarazo fue producto de una violación.

En ese sentido, la Secretaría de la Niñez aclaró que la niña permanecía junto a su madre "bajo el sistema de monitoreo y acompañamiento del Estado" y que estaba todo previsto para que la niña accediera a la interrupción legal del embarazo en un efector público de la ciudad capital. Sin embargo, según relataron, "los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".