Polémica en el Congreso: el proyecto salteño para regular y gravar el millonario negocio de los vapeadores

El debate en torno a la regulación de los nuevos hábitos de consumo y la sustentabilidad de las economías regionales sumó un nuevo y polémico capítulo en el Congreso de la Nación. El senador nacional por Salta, Juan Carlos Cornejo, presentó un proyecto de ley para exigir que los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos de vapeo comiencen a tributar de manera obligatoria dentro del esquema del Fondo Especial del Tabaco (FET).

La iniciativa busca subsanar un vacío fiscal y comercial de cara al segundo semestre de este 2026, argumentando que estos productos alternativos compiten de forma directa en el mercado con el cigarrillo tradicional pero evaden las cargas impositivas que sostienen a los productores tabacaleros del norte argentino.

El planteo del legislador salteño apunta a equiparar las condiciones de competencia en el sector de los consumos masivos, advirtiendo que el crecimiento exponencial del vapeo en los centros urbanos erosiona de manera paulatina la recaudación general del FET. Al no estar alcanzados por los mismos gravámenes específicos, los dispositivos electrónicos de nicotina operan con ventajas comerciales que perjudican el financiamiento de los esquemas de asistencia y tecnificación destinados a los productores de las provincias de Salta y Jujuy, donde el tabaco constituye el principal motor del empleo y el desarrollo rural.

La propuesta legislativa ingresa en un escenario de fuerte debate sobre la reconversión de las industrias tradicionales y la necesidad de modernizar las herramientas de fiscalización del Estado. Mientras las cámaras tabacaleras locales respaldan la iniciativa de Cornejo al considerarla un acto de estricta justicia fiscal para proteger la sustentabilidad de las economías regionales, sectores vinculados a la comercialización de tecnología de consumo expresaron sus reservas, advirtiendo que una carga impositiva excesiva podría encarecer los productos y fomentar circuitos de comercialización clandestina. El proyecto iniciará ahora su recorrido por las comisiones del Senado, donde se anticipa una dura puja de intereses entre el resguardo productivo del norte y las nuevas dinámicas del mercado de consumo.