Diputados nacionales impulsan un proyecto de ley para legalizar la importación y venta de la hoja de coca

Una histórica y absurda contradicción jurídica que arrastra décadas está cerca de llegar a su fin en el Congreso de la Nación. Los diputados nacionales por Jujuy, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, presentaron un proyecto de ley integral para formalizar y regular de manera definitiva la importación, el transporte y la comercialización de la hoja de coca en su estado natural.

La iniciativa legislativa busca sepultar un vacío legal insólito: la normativa argentina actual permite el consumo y el coqueo tradicional, pero mantiene estrictamente prohibido el ingreso formal del producto al país, una distorsión institucional que arroja un mercado estimado en más de un millón y medio de consumidores directamente a las manos del contrabando, la informalidad y las redes de comercio ilegal en las provincias de Salta, Jujuy y Formosa.

El núcleo de la propuesta radica en un profundo ordenamiento legal y de seguridad sanitaria. Para lograr la regularización, el proyecto contempla la modificación de la Ley N.º 23.737 de estupefacientes, con el objetivo explícito de excluir de sus penalidades y alcances todas las actividades vinculadas al acopio, venta y consumo de la hoja de coca cuando esté destinada al coqueo o a su uso medicinal en infusión.

Asimismo, los legisladores jujeños exigen la derogación inmediata del Decreto 648/78, una normativa firmada durante la última dictadura militar que prohíbe de manera tajante la importación del vegetal, configurando el cimiento de la actual inseguridad jurídica que encarece los precios para los usuarios y priva al Estado de capacidades de control.

De convertirse en ley, el nuevo marco regulatorio implementará un riguroso sistema de control estatal y licencias comerciales que estará bajo la órbita de fiscalización del Poder Ejecutivo Nacional. El diseño del circuito formal prevé la creación de un Registro Especial de Importadores, cuyos aspirantes deberán acreditar de forma obligatoria estrictos requisitos fiscales, comerciales y de antecedentes penales. El texto de la norma también delimita que el ingreso del producto a granel y sus correspondientes puntos de acopio mayorista se concentrarán exclusivamente en las provincias de Jujuy, Salta y Formosa, desde donde se coordinará la distribución hacia los comercios minoristas.

La comercialización al público sufrirá una transformación radical en materia de trazabilidad y presentación. El proyecto dispone la incorporación definitiva de la hoja de coca al Código Alimentario Argentino para fijar estándares de calidad, higiene y empaque de origen, estableciendo además que la unidad de venta autorizada para el consumidor final tendrá un tope máximo de hasta 200 gramos por envase. Para blindar el sistema y evitar desvíos hacia el mercado negro, la legislación contempla un duro régimen sancionatorio que castigará a los infractores con severas multas económicas, suspensiones temporales y la revocación definitiva de las licencias habilitantes.

Seguridad jurídica, salud pública y recaudación fiscal

Los fundamentos esgrimidos por los autores de la iniciativa se sostienen sobre cuatro pilares estratégicos: garantizar la seguridad jurídica de los consumidores y comerciantes, recuperar una millonaria recaudación fiscal que hoy se diluye en la evasión fronteriza, asegurar controles sanitarios básicos sobre un producto de consumo masivo y trazar una línea divisoria tajante que diferencie cultural y químicamente a la hoja de coca en estado natural de los estupefacientes derivados de su procesamiento. Al formalizar la cadena de valor, el Estado no solo reducirá el circuito informal, sino que propiciará una lógica de libre competencia que abaratará de forma considerable el precio final en los mostradores para los trabajadores norteños.

Finalmente, el proyecto de ley invoca principios de raigambre constitucional vinculados a la libertad individual, la preservación de la identidad cultural regional y el respeto a los derechos preexistentes de los pueblos indígenas, reconociendo que el uso ancestral de la planta ya se encuentra respaldado tanto en tratados internacionales como en leyes nacionales previas. De esta manera, las provincias de Salta y Jujuy se preparan para dar un debate legislativo crucial que promete transformar un hábito cotidiano y milenario del Norte Grande en una actividad económica legítima, segura, generadora de empleo formal y plenamente integrada al sistema tributario nacional.