Represión a los guardapolvos blancos: Un conflicto que exige que la política responda

“Éstas son las balas con las que combatimos, un poco distintas a las que utiliza el gobierno”, dijo un docente mientras levantaba en su mano una tiza gastada en la marcha por el 25 de mayo que encabezaron los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados. Allí lo acompañaban también trabajadores de la salud, los profesionales no médicos, autoconvocados también, quienes ante la inferencia del gobierno que no los recibe, decidieron aunar esfuerzos y unirse. “Salud y educación, un solo corazón; salud y educación, no a la represión”, cantaban mientras los trabajadores de los guardapolvos blancos, algunos con escarapelas, otros con barbijos y cofias, y otros con carteles con trazos de maestra, marchaban por las calles salteñas hasta la Central de la Policía. “¡No somos delincuentes!”, gritaban frente a la institución cerrada, que preveía que se acercaba la muchedumbre furiosa.

Es el Día de la Patria, aniversario del primer gobierno patrio, y en Salta, no hubo ni acto, ni desfile, ni tedeum. Nada. La tensión se respira en el aire. En el Ejército se difundió que el gobierno provincial participaría del acto, sin embargo, el mismo fue cerrado, sin acceso al público ni mucho menos a la prensa, y Ricardo Villada fue la máxima autoridad presente. Gustavo Sáenz, ni rastro de dónde se encuentra. Los soldados no permitían el ingreso de nadie, y desde afuera, solo se apreciaba un desfile de camionetas. Al igual que las prioridades de este gobierno, fue un acto para pocos.

Esta semana de mayo pasará a la historia como la semana de la represión de Gustavo Sáenz. A días de estar bailando en el Alejandro I por la victoria con el 47% de los votos, a estar resguardado en algún lugar recóndito, desde donde da provincias a las principales herramientas con las que puede disciplinar la horda de trabajadores estatales que le reclaman desde el centro de la ciudad o en el ex peaje Aunor: los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y el poder judicial.

Ese 25 de mayo, los docentes volvieron a la plaza 9 de julio con un mismo mensaje: no desunirse. A esta altura, sabido era que había sectores internos buscando romper la confluencia de las fuerzas y los intentos por disipar las fuerzas por parte del gobierno, de alguna manera, les planteaban un desafío: sostener la lucha cuatro días más, la que podría decaer por el fin de semana largo.

Los videos retratan mucho mejor este escenario. Policías enfilados, listos para enfrentar a alguna cuadrilla de malhechores, pareciera, con los mejores cascos y escudos, el mejor teatro antidisturbios. Avanzaban entrelazados unos con otros, y ante los gritos de los docentes, que pedían que paren, que frenen, que no repriman, parecían ser el combustible de las cínicas risas de muchos que parecían hasta disfrutar de la liberación de la zona para hacer lo que su antojo represor decantara. La jueza Ada Zunino, bajo el derecho a la libre circulación, avaló este accionar. “Se les informó a los manifestantes que la Policía de la Provincia quedaba facultada a tomar las medidas necesarias para asegurar la libre circulación como la libertad de manifestar en el marco de lo acordado ayer al momento de levantar el corte. Esto fue notificado a los presentes y a las fuerzas policiales. Hoy fueron detenidos veinte manifestantes acusados de desobediencia judicial al intentar entorpecer la libertad de tránsito. Los mismos serán imputados por dicho delito”, informó en Twitter el Poder Judicial sobre el accionar de la jueza de Garantías 1.

19 detenidos obtuvo anoche el violento avance la policía. La desesperación comenzó cuando se desconocía dónde serían trasladados, con qué orden, con qué garantías. Prontamente, se movilizó la ciudadanía, organizaciones y demás grupos de docentes a exigir la inmediata liberación de estos. Rubén Fernández, Maria Torres, Eliana Flores, Luz Luna, Marina Aparicio, Fany Quiroga, Pilar Salva, Ernesto Rojo, Gustavo Herrera, German Peralta, Carolina Aguirre, Marina Figueroa, Ramón Bazán, Federico Ortega, Nahuel Lopez, Gladys Chaile, Cristian Pereyra, Gastón Nicolás José y Marcos Tognolini son quienes permanecen hasta el momento privados de su libertad. Durante la noche se realizó una vigilia en la Plaza 9 de Julio en espera a una respuesta. 

La construcción del relato que los criminalice comenzó con los medios de comunicación que obligados por las ostentosas pautas que los mantienen y a quienes se deben, comenzaron a instalar la justificación de “caos vehicular”, “manifestaciones”, señalaron la participación de dirigentes de izquierda, y hasta algunos, se atrevieron a hablar de la “provocación” de los autoconvocados, como si los carteles y los cánticos de un grupo de maestros y enfermos pudiera equiparar la furia y el dolor físico de una bala de goma. “Tu derecho termina cuando empieza el del otro”, la argumentación liberal del derecho para proceder a la violencia contra trabajadores públicos y criminalizado a su vez el derecho a la protesta.

En estos momentos, se profundizan las medidas de fuerza en Morillo, Mosconi, Embarcación, Tartagal y Orán, entre otros, donde se llevan a cabo cortes de ruta intermitentes o movilizaciones, según informó la Asamblea Provincial Docente. Las adhesiones llegan de todos lados: la Mesa de los Organismos de DDHH, sindicatos y gremios de todo el país, escuelas, colegios, terciarios, organizaciones sociales y políticas, padres y ciudadanos; menos de los responsables políticos: el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez; Matías Cánepa, ministro de Educación y Federico Mangione, ministro de Salud, hacen eco del silencio de Sáenz. Lo mismo que el procurador Pedro García Castiella, quien no hace uso de sus facultades para mediar por sus supuestos representados.

Mientras tanto, el abogado Luciano Camaño, que defiende a Cristian Pereyra, Marcos Tognolini y Nahuel López Riquelme, denunció públicamente que Tognolini, quien fue candidato a gobernador por el MAS, sufrió apremios ilegales tras negarse a dar falso testimonio contra Nahuel López Riquelme, militante de Política Obrera. En este sentido, desde el Comité contra la Tortura exigen que intervenga la fiscalía de Derechos Humanos. Los abogados buscan demostrar que los detenidos “estuvieron en la banquina al momento de la detención, luego fueron rodeados para llevarlos a la ruta y así detenerlos; hubo muchas irregularidades en el accionar policial. Si hay lesionados, es porque no se llevó a cabo el proceso de manera correcta”, aseveró una de las letradas, representante detenidos. Todos expusieron que la detención se dio de forma ilegal

Para hoy se convoca a una asamblea docente a nivel país y son cada vez más los que llegan a los distintos puntos de lucha a acompañar el reclamo. Hace unos minutos los 19 detenidos ya fueron liberados. SIn embargo, funcionarios, legisladores, representantes políticos: ninguno se manifiesta, ninguno se expresa, ni acompaña las distintas movilizaciones. “Los palos, los gases y balas de goma no son la solución al problema. Quieren dilatar el conflicto, así nos quieren vencer. Pero estamos más unidos que nunca”, aseguró Andrea Villegas, docente y referente del MST.

Marcela Romero, por su parte, remarcó que el conflicto empezó en febrero, “y empezamos con paros de 48 horas en marzo, después pasamos a 72 horas y ahora por tiempo indeterminado, pero fueron tres meses; el gobierno no resuelve esto porque se siente fuerte con los resultados electorales”. “Lo que pasó con la policía en Aunor es peligroso porque en 2007 el compañero Carlos Fuentealba perdió la vida en un corte de ruta cuando la policía reprimió. Cada vez que reprime la policía, corremos el riesgo de quedarnos con un docente menos”, alertó la maestra, advirtiendo, que el costo de la lucha y de protestar nunca puede ser el palo fatal de un policía contra un maestro o un enfermero que está pidiendo un salario digno.

Esta semana de mayo del año 2023 pasará a la historia salteña como una de las más tristes, por la represión a los guardapolvos blancos: la de los docentes y la de los profesionales de la salud. No hubo jueza, no hubo procurador ni fiscal; no hubo ministros, secretarios ni funcionarios; no hubo político con cargo ni legisladores; no hubo gremios ni sindicatos; ni grandes medios contando. A 40 años del retorno de la democracia, habría que preguntarse si esta sigue vigente, si la respuesta es la tortura, la detención ilegal, la bala de goma, la nulidad de las garantías constitucionales, el blindaje mediático de los medios, la censura, la persecución. Si puede haber democracia, cuando no hay diálogo, cuando no hay política. Hoy falta una respuesta política.