Gauchos y terratenientes. Así son los Saravia en San Lorenzo. El entramado de la familia, conformado por el actual intendente Manuel Saravia, su esposa, hermana, sobrina y demás familiares en distintos lugares de gobierno municipal como así también en la justicia salteña, donde su primo Javier Diez Villa cuida el lugar de Defensor General de la provincia. No solo de vínculos políticos se hace el poder, también necesita de negocios rentables. La tierra, en ese marco, se erige como una excelente opción; mucho más, cuando se la puede usurpar.

Un testimonio que llegó a esta redacción dio cuenta de un desalojo judicial que involucra al jefe comunal en su búsqueda de quedarse con 100 hectáreas en El Gallinato que le pertenecen a tres mujeres de 62, 64 y 66 años. “Manuel Saravia y su familia hace más de 15 años viene atormentando a mí y a mi familia. Heredamos una finca y somos vecinos de ellos. Siempre contamos con las escrituras y la sucesión de derechos, pero los Saravia decían que esa finca era de su propiedad y nos querían sacar mediante amenazas y con armas, al principio, para que abandonemos el lugar”, lamentó una denunciante.

Según lo expuesto, las cosas cambiaron cuando Rodrigo Saravia, hermano del intendente que vivía ahí, falleció. Esto trajo calma a las presiones y los conflictos cesaron. Sin embargo, meses después, un amplio operativo de desalojo irrumpió en el lugar con la policía actuando y sin exhibir la orden de desalojo. “Inmediatamente nos presentamos en la fiscalía interviniente penal n°1 y la auxiliar de fiscalía, de apellido Carrizo, dijo que no tenía facultad de ordenar un desalojo y que solo tenía una denuncia de un vecino que se reservaba el nombre”, compartió la víctima.

La funcionaria judicial pidió el título de propiedad, y si bien la presentaron, al pasar horas y ser atendidos, en mesa de entradas les dijeron esperen a ser notificados para presentarse en la causa. Volvieron a la finca y nos damos con nuevos portones cambiados por el señor Saravia.

En la comisaría de Vaqueros les aseguraron que no había personal para tomarles la denuncia. “Nos mandaron al destacamento, ahí nos hicieron esperar aproximadamente dos horas y los amenazamos con llamar a los medios y recién ahí nos tomaron la denuncia”, agregó.

Pronto, la finca, fue invadida por un amplio operativo policial para desalojar a quienes se quedaron esperando con una supuesta orden judicial que nunca fue exhibida y solo se escuchó la orden telefónica de la auxiliar de la fiscalía N° 1. “Procedieron a desalojarnos, habiendo menores y mi hermana discapacitada sacándola por medio del alambre. Nos llevaron demorados a la comisaria de La Caldera y ahí nos tuvieron”, siguió el testimonio. 

Al otro día se presentaron ante el juzgado de garantías N°1 para presentar documentación pero se dieron con una sorpresiva audiencia donde también fue citado el intendente Manuel Saravia como "víctima" de usurpación. “Como prueba de propiedad presentó una sucesión de actos posesorios de hace 80 años por un hombre que era vecino del pueblo”, aseguraron. La fiscal Carrizo, sin embargo, delante de la jueza, aseguró que “nunca recibió los títulos de propiedad”; sin embargo, las damnificadas cuentan con las escrituras como dueñas de la propiedad por el abuelo de las mismas. “Tenemos iniciado el juicio sucesorio hace más de diez años, pero no sale la declaratoria de herederos nunca, siempre piden cosas incoherentes que cumplimos pero aún y así demoran el proceso”, explicaron a El Tintero las mujeres.

“Esperamos contar con justicia y que Saravia no esté influyendo en el proceso demorándolo. Actualmente tenemos una prohibición de acercamiento de 100 metros. Los vecinos nos mandan fotos de que ahora están sembrando y sacando leña de nuestra finca, nos sentimos devastados y con impotencia de no poder hacer nada ante el poder de esta persona", concluyó.