Dinastía bajo la lupa: más de tres décadas de poder político e irregularidades financieras concentrado en una sola familia

En los rincones más profundos del interior salteño, la democracia a menudo se reduce a una mera formalidad nominal frente a estructuras de poder feudal que se perpetúan por décadas. Es el caso emblemático de General Ballivián, un municipio donde el apellido Córdoba gobierna sin interrupciones desde hace más de sesenta años.

Primero fue Samuel Córdoba padre, quien detentó el mando comunal durante unas tres décadas a partir de los años sesenta; luego, en 1991, le heredó el sillón a su hijo, Samuel Gerardo "Picky" Córdoba, quien hoy —en pleno 2026— acumula 35 años consecutivos al frente del Ejecutivo local. Una dinastía familiar completada con ramificaciones en el Poder Legislativo provincial a través de su hija, Ana Laura Córdoba.

Sin embargo, tanto tiempo de impunidad administrativa y manejo discrecional del Estado comienza a mostrar las costuras del agotamiento institucional. La Auditoría General de la Provincia aprobó un lapidario informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020, resolviendo aconsejar al Concejo Deliberante la observación de las cuentas del "emperador" ballivianense tras detectar graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos.

El informe técnico de los auditores puso bajo la lupa contrataciones millonarias —que solo en rubros como combustibles, repuestos, insumos médicos y honorarios superaban los 6,38 millones de pesos a valores de 2020— realizadas de manera completamente espuria. Lejos de ajustarse a las normativas vigentes, el municipio omitió sistemáticamente los procedimientos previstos por la Ley Provincial 8072, avasallando las garantías elementales de competencia, publicidad, transparencia e igualdad que deben regir en cualquier administración democrática.

Pero el festival de desmanejos no se limitó al direccionamiento de compras. Los auditores concluyeron que el Estado de Situación del Tesoro y el Estado de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la realidad financiera del municipio, a lo que se sumó una falta absoluta de presentación del Estado de Situación de los Bienes, imposibilitando completar los controles básicos de auditoría.

Ahora, la resolución conjunta firmada por el organismo de control descansa en manos de un Concejo Deliberante históricamente funcional al poder de los Córdoba. Semejante escenario desnuda la urgencia de terminar con los feudos municipales donde la cosa pública se administra como un botín personal, perpetuando el atraso y la opacidad institucional bajo el amparo de la desidia política provincial.