Trabajo, poder e impunidad: una historia que Salta ya vio en los campos de Olmedo

La Justicia Federal imputó al propietario de “Cerdo Negro”, José Antonio “Quico” Fernández, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La causa expone condiciones de extrema precariedad y recupera un antecedente incómodo para la política salteña: las denuncias que alcanzaron a Alfredo Olmedo por la situación de trabajadores rurales en sus fincas de La Rioja.

Detrás de una marca gastronómica reconocida y de un producto presentado como símbolo de distinción, la Justicia Federal encontró indicios de una realidad muy diferente: trabajadores sometidos a extensas jornadas, salarios exiguos y condiciones habitacionales de extrema precariedad.

La Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, imputó al propietario de “Cerdo Negro”, José Antonio “Quico” Fernández, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de personas afectadas, su situación de vulnerabilidad y la presunta consumación de la explotación.

El juez federal de Garantías N°2, Diego Anzoátegui, habilitó la investigación y estableció un plazo de seis meses. También le prohibió al empresario salir del país y mantener contacto con determinados trabajadores. Fernández permanece imputado y deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme.

La investigación comenzó con una denuncia anónima realizada a la línea 145. Posteriormente, una inspección de ARCA, con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, detectó graves irregularidades en una finca de Cerrillos dedicada a la producción porcina y al cultivo de tabaco y aceitunas.

Según la acusación fiscal, algunos empleados dormían en habitaciones con piso de tierra y sobre camas construidas con palets. Utilizaban letrinas y debían calentar agua en tachos para poder asearse. Las imágenes incorporadas al expediente permitieron reconstruir las condiciones en las que vivían algunas de las personas encontradas en el establecimiento.

La fiscalía sostuvo que las remuneraciones generalmente no superaban los 500 mil pesos, pese a las extensas jornadas. Tampoco se habrían pagado horas extras, domingos ni feriados, mientras que los trabajadores accidentados o enfermos quedaban sin cobertura. Uno de ellos, de acuerdo con la investigación, tuvo que ser trasladado por un familiar luego de sufrir una lesión porque no habría recibido asistencia del empleador.

Otro elemento especialmente grave es la supuesta registración de empleados como trabajadores temporarios del tabaco para luego asignarlos a la cosecha de aceitunas y a la producción porcina. Para el Ministerio Público Fiscal, esta maniobra permitía reducir el costo salarial y disponer discrecionalmente de la mano de obra.

La acusación también expuso el contraste económico: mientras un trabajador adulto mayor debía recurrir a un comedor de Cáritas porque sus ingresos no le alcanzaban para alimentarse, ARCA informó que Fernández habría registrado ingresos superiores a los 600 millones de pesos durante 2025 y una cifra similar en lo transcurrido de 2026.

El empresario negó haber cometido un delito y aseguró que todo ocurrió por “ayudar a la gente”. También sostuvo que las habitaciones y las letrinas fotografiadas no estaban habilitadas y que contaba con otros alojamientos provistos de aire acondicionado y televisión satelital. Será la investigación la que deberá determinar su responsabilidad. El detalle completo de la imputación fue publicado por el Ministerio Público Fiscal.

Pero el caso excede la responsabilidad individual de un empresario. Vuelve a colocar sobre la mesa una estructura productiva en la que la vulnerabilidad social puede convertirse en una herramienta para abaratar costos y maximizar ganancias. La explotación laboral no siempre funciona detrás de rejas: también puede esconderse bajo una registración deficiente, un salario insuficiente, una cama de palets o la necesidad de aceptar cualquier condición para poder comer.

Salta ya conoce este tipo de escenas. En 2011, una inspección de la entonces AFIP encontró cerca de 400 trabajadores alojados en condiciones calificadas oficialmente como “infrahumanas” en establecimientos pertenecientes a la empresa de Alfredo Olmedo, en La Rioja. Había personas durmiendo en carpas de nylon, letrinas improvisadas, líquidos estancados, trabajadores tercerizados y extranjeros con documentación irregular. Olmedo fue investigado e imputado por presunta trata y reducción a la servidumbre, aunque no corresponde presentarlo como condenado por esos hechos. En aquel momento rechazó las acusaciones y denunció una persecución política. La inspección y su descargo fueron documentados por Página/12.

Olmedo fue investigado por los presuntos delitos de "reducción a la servidumbre y trata de personas" de al menos 400 trabajadores rurales, tras la denuncia hecha por la AFIP y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El antecedente no quedó enterrado en 2011. En mayo de 2025, UATRE volvió a denunciar condiciones laborales precarias e inhumanas después de una inspección realizada junto con organismos laborales en otra finca de la firma Alfredo H. Olmedo S.A. Allí fueron relevados 63 trabajadores rurales y se señalaron graves deficiencias sanitarias en sus alojamientos.

Los casos Fernández y Olmedo no son judicialmente idénticos, pero exhiben una misma contradicción política y social: empresarios con recursos, influencia y exposición pública frente a trabajadores invisibilizados que, según las respectivas denuncias, carecían hasta de condiciones mínimas de dignidad.