Fondo vial y votos: Marcela Pagano denunció penalmente al gobierno de Milei

La escena política nacional atraviesa un fuerte sismo institucional tras la presentación y ampliación de una denuncia penal realizada por la diputada nacional Marcela Pagano contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La acusación sostiene que el Poder Ejecutivo utilizó de manera discrecional y presuntamente ilegal recursos públicos provenientes del impuesto a los combustibles —destinados por ley exclusivamente a la infraestructura vial— para "comprar" el apoyo de legisladores aliados en votaciones clave.

La presentación judicial, que quedó radicada en los tribunales federales bajo la órbita del juez Julián Ercolini, expone una minuciosa radiografía sobre el uso de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Según el detallado informe aportado por la legisladora, los giros económicos no se realizaban de forma directa a los legisladores, sino que se triangulaban a través de organismos viales provinciales y empresas contratistas con una llamativa sincronización temporal.

La "lista de precios" y el patrón de pagos sincronizados

El núcleo de la denuncia se sustenta en el cruce de 1.077 pagos analizados frente a 35 votaciones cruciales desarrolladas en el Parlamento entre 2024 y 2026 —incluyendo la Ley Bases, el paquete de reformas, vetos presidenciales y normativas económicas de alto voltaje—. De acuerdo con la acusación, los desembolsos a las provincias aliadas crecieron de forma exponencial entre un 350% y un 400% durante los días exactos en que se debatían y definían las leyes en el recinto.

“Los días de votación se liberan hasta 3,44 veces más pagos que el resto del mes. No es casual, presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos”, sentenció Pagano, al tiempo que resumió el trasfondo político de la maniobra con una dura frase: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”.

El informe detalla hitos financieros concretos, como los más de $33.000 millones inyectados en ventanas de votaciones estrechas, o casos extremos donde direcciones viales provinciales y contratistas percibieron la totalidad de sus partidas anuales en un lapso de apenas dos o tres días vinculados a debates parlamentarios.

Gobernadores salpicados y reclamo de investigación profunda

El escrito judicial identifica a varios mandatarios provinciales cuyos bloques legislativos acompañaron las iniciativas del oficialismo en momentos de extrema paridad legislativa. Entre los gobernadores mencionados figuran Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Vidal (Santa Cruz), cuyos distritos habrían recibido flujos millonarios de fondos viales en coincidencia directa con las tensiones en el Congreso.

Ante la gravedad institucional de los hechos, la diputada reclamó que la Justicia federal profundice la investigación sobre el circuito del dinero y exija la revisión de la legitimidad de las leyes sancionadas bajo este esquema de presunto intercambio financiero. Asimismo, en un tramo crítico de su presentación, deslizó un paralelismo con expedientes de corrupción histórica al recordarle al magistrado interviniente la necesidad de aplicar rigurosos criterios de investigación sobre el manejo discrecional de las cajas del Estado.