Hacer como que se hace: el Concejo Deliberante legisla sobre temas que no controla y evade soluciones reales

A través de una Declaración impulsada por la concejala Laura Jorge Saravia, el cuerpo legislativo solicitó al Ministerio de Seguridad y Justicia que facilite el acceso al trámite provincial. Advirtieron que la gestión cuesta hasta $44.000 a quienes tienen tiempo para presentarlo y esperar 5 dás hábiles —frente a los $1.000 del nacional—, golpeando el bolsillo de docentes y postulantes que deben renovarlo dos veces al año.

Durante la vigésima primera Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó una Declaración presentada por la edila Laura Jorge Saravia (La Libertad Avanza) dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta. La iniciativa apunta a resolver un reclamo recurrente de trabajadores, en particular del ámbito educativo, quienes deben presentar de forma periódica el certificado de antecedentes penales provinciales para acceder a horas cátedra, concursos y nuevas oportunidades laborales.

La norma fundamenta su pedido en el fuerte impacto económico que representa el trámite actual, el cual cuenta con una vigencia de apenas seis meses, obligando a los ciudadanos a abonarlo y gestionarlo en dos oportunidades anuales.

Una brecha insólita de precios y el peso del traslado

Al defender la iniciativa en el recinto, la concejala Saravia expuso las asimetrías tarifarias y las dificultades logísticas que afrontan los solicitantes en el territorio provincial:

"El valor que tiene actualmente, por ejemplo, si lo querés en 24 horas, es de $44.000. Hemos comparado esto con el certificado de antecedentes nacionales y el valor es de $1.000", cuestionó la edila, evidenciando una diferencia exponencial que convierte al requisito en una carga gravosa para el empleo.

A esta erogación se le suma el factor geográfico, ya que el trámite cuenta con una escasa descentralización: actualmente solo puede gestionarse de forma presencial en las ciudades de Capital, Metán, Tartagal y Orán. "No solo es el costo de este certificado, sino también el costo que implica trasladarse, porque lo debés hacer personalmente para poder gestionarlo", advirtió, dejando en claro que los trabajadores del interior deben sumar gastos de traslado a la tarifa del documento.

Ante este escenario, el texto aprobado por los concejales plantea dos ejes prioritarios de resolución para el Ejecutivo provincial: Implementar un sistema remoto que permita completar todo el circuito de forma online (solicitud, validación de identidad, pago de aranceles y emisión electrónica del certificado) y evaluar una reducción sustancial de las tarifas a valores lógicos y accesibles. Asimismo, se pide que —hasta tanto se logre la digitalización total— se amplíen los puntos de emisión a través de dependencias policiales o centros de atención en los 23 departamentos de la provincia, garantizando cobertura y equidad territorial.

¿Y ahora qué sucederá con el valor del trámite?

Al tratarse de una Declaración legislativa, el instrumento legal cumple una función de pedido formal y manifestación de postura política, lo que significa que no es de cumplimiento obligatorio para el Ministerio de Seguridad y Justicia, sino una exhortación institucional para que revea la situación. Por lo tanto, los altos costos y las complicaciones de traslado se mantienen vigentes tal como hasta ahora, sin que el trámite sufra modificaciones inmediatas.

Las chances de que el Ministerio le de lugar dependen enteramente de la decisión política del Ejecutivo provincial y de la disponibilidad presupuestaria para rediseñar el sistema informático y logístico: si bien la digitalización completa y la homologación de tarifas a valores nacionales (como los $1.000 del registro federal) aliviarían drásticamente el bolsillo de los trabajadores, su implementación requiere una inversión tecnológica considerable y una reestructuración administrativa que los ministerios suelen demorar, por lo que una respuesta favorable dependerá de la presión social y gremial que logre sostener este reclamo legislativo en la agenda pública.