La familia de Vicente Cordeyro acusa a García Castiella de impulsar una "campaña de calumnias"

En un duro comunicado, los familiares del excomisario mayor retirado rechazaron las declaraciones públicas del jefe del Ministerio Público Fiscal sobre la causa Jimena Salas, defendieron la trayectoria de Vicente Cordeyro y Trinidad Chávez y advirtieron que las acusaciones ponen en riesgo su integridad y su buen nombre.

La familia del comisario mayor retirado Vicente Cordeyro difundió un contundente comunicado en el que desmiente las recientes declaraciones del procurador general de Salta vinculadas a la investigación por el homicidio de Jimena Salas y denuncia una "campaña de calumnias e injurias" contra la memoria del exjefe policial y de la comisario general retirada Trinidad Chávez.

El documento, firmado por la familia y patrocinado por el abogado Roberto Adrián Reyes, sostiene que las afirmaciones realizadas por la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal carecen de respaldo y lesionan gravemente el honor de ambos exfuncionarios policiales.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la acusación de que Cordeyro y Chávez habrían intervenido para "limpiar" o "borrar" antecedentes prontuariales de personas investigadas en la causa. La familia rechazó de manera categórica esa versión y desafió a las autoridades a exhibir "cualquier auditoría, sumario administrativo o expediente judicial" que respalde semejante afirmación.

Además, advirtieron que involucrar públicamente a Trinidad Chávez en supuestas maniobras delictivas no solo afecta su reputación, sino que también "pone en riesgo directo e inminente su seguridad e integridad física".

Otro de los puntos centrales del comunicado se refiere al supuesto DVD con pruebas que, según el procurador, habría sido aportado por Cordeyro en 2019 y luego desaparecido. La familia negó que exista registro alguno de ese procedimiento dentro del expediente judicial, las actas de cadena de custodia o documentación oficial, y sostuvo que la responsabilidad sobre el resguardo de cualquier elemento probatorio correspondía exclusivamente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

En ese sentido, remarcaron que, si efectivamente existiera una desaparición de evidencia, se trataría de "una gravedad institucional inaudita" ocurrida dentro del propio organismo encargado de la investigación, y consideraron irresponsable atribuir irregularidades a una persona fallecida que ya no puede ejercer su defensa.

La familia también cuestionó que las declaraciones del procurador se produzcan mientras continúa abierta la investigación por la muerte de Vicente Cordeyro, a la que califican como una "muerte dudosa". Según expresaron, utilizar su figura en el debate público constituye un intento de desviar la atención sobre las falencias investigativas del pasado mediante hipótesis que consideran falsas.

Finalmente, los familiares informaron que se reservan el derecho de iniciar todas las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables de las acusaciones, al tiempo que reclamaron "rigor técnico, respeto a la verdad, resguardo de la seguridad personal y justicia".

El comunicado profundiza la tensión institucional que rodea la investigación del crimen de Jimena Salas, una causa que volvió a ocupar el centro de la escena pública tras las recientes declaraciones del procurador general y que ahora suma un fuerte contrapunto con la familia de uno de los exjefes policiales mencionados en ese expediente.