A contramano de los bananeros salteños | El diputado Carlos Zapata defendió la flexibilización nacional

La polémica en torno a la modificación del régimen de importación de bananas sumó un fuerte contrapunto político en la provincia. Mientras el Gobierno provincial y los principales productores del norte salteño unieron filas para advertir sobre el grave peligro sanitario y comercial que implica la medida impulsada por la administración central, el diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, salió a respaldar públicamente la decisión del Ejecutivo nacional y aseguró de manera tajante que la normativa "no implica riesgos sanitarios".

Tras mantener una serie de reuniones con funcionarios nacionales, el legislador libertario defendió la implementación de la Resolución N° 114 —que dejó sin efecto normativas previas sobre el ingreso de fruta—, argumentando que lejos de eliminar los controles, el nuevo esquema los moderniza. Según la postura esgrimida por Zapata, el sistema actual se reemplaza por mecanismos sustentados en la trazabilidad, la certificación y el análisis de riesgo, herramientas que calificó como más eficientes para el comercio exterior.

Las declaraciones del diputado contrastan abiertamente con la postura que viene sosteniendo la Provincia y las cámaras del sector productivo. Días atrás, desde el Ministerio de Producción y Minería se exigió una mesa urgente de trabajo con Nación al considerar que la flexibilización fue una medida "tomada desde un escritorio", totalmente ajena a la realidad de las economías regionales.

Los productores locales, que concentran entre el 65% y el 70% de toda la producción nacional de banana y sostienen miles de puestos de trabajo genuinos en los departamentos del norte salteño y jujeño, manifestaron su temor a quedar en desventaja frente a la apertura de fronteras a productos extranjeros. A su juicio, la falta de resguardos estrictos puede abrir la puerta a plagas cuarentenarias capaces de arrasar con las plantaciones locales.

Frente a estos cuestionamientos, Zapata desestimó los temores de los productores y cerró filas con la visión económica del Gobierno nacional, al sostener que la flexibilización no solo resguarda el aspecto sanitario, sino que fomenta una mayor competencia en el mercado interno que, en última instancia, podría traducirse en precios más accesibles para los consumidores. El debate deja expuesta una marcada fractura entre la representación legislativa nacional y el arco productivo local, que continúa en pie de guerra en defensa de las economías del norte argentino.