Proyecto contra la discriminación en redes | Buscan dar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de ciberacoso

La proliferación de los discursos de odio, el ciberacoso y la violencia discursiva en las plataformas digitales ingresaron de lleno en la agenda legislativa de la ciudad de Salta. Durante la última sesión, el Concejo Deliberante sumó de manera oficial al Orden del Día un Proyecto de Declaración impulsado por la concejala Alicia Vargas (Partido Socialista), que exige al Poder Ejecutivo Nacional una intervención urgente y articulada para frenar los ataques discriminatorios en entornos virtuales. La iniciativa apunta de forma directa a la responsabilidad de los generadores de contenido con amplio alcance público y busca dotar de herramientas legales gratuitas a las víctimas.

El proyecto surge como respuesta democrática ante un escenario digital cada vez más hostil, donde las redes sociales suelen ser utilizadas como zonas de impunidad para canalizar descalificaciones sistemáticas. Al no contar los ciudadanos de a pie con los recursos económicos ni técnicos para litigar contra corporaciones tecnológicas o usuarios masivos, la normativa busca que el Estado central ocupe un rol activo de protección y patrocinio jurídico.

El primer eje central de la iniciativa presentada por la edila Vargas requiere que el Gobierno Nacional, a través de los organismos competentes en materia de lucha contra la discriminación (como el remanente técnico del INADI y las dependencias de Justicia), arbitre de forma inmediata los medios necesarios para fortalecer e instrumentar canales que sean realmente accesibles.

El texto detalla la urgencia de crear dispositivos de asistencia técnica y patrocinio jurídico gratuito destinados a acompañar a los damnificados en la promoción de las acciones de cese y reparación civil o penal que ya están contempladas en la Ley Nacional N.º 23.592 de Actos Discriminatorios.

Con esta medida se busca democratizar el acceso a la justicia. En la actualidad, cuando una persona es víctima de una campaña de difamación o discriminación por su género, orientación sexual, religión, raza o condición social, se encuentra en una situación de total indefensión debido a los altos costos que implica iniciar una demanda. El proyecto exige que el Estado ponga abogados a disposición de los afectados para obligar a los agresores a bajar el contenido y reparar el daño causado.

Responsabilidad de los generadores de contenido y convenios con plataformas

El segundo punto clave de la propuesta legislativa hace foco en la prevención y apunta hacia los denominados "influencers" o creadores de contenido que multiplican discursos violentos. El articulado solicita el diseño e implementación de campañas de concientización de alcance nacional sobre la violencia discursiva digital, poniendo especial énfasis en el impacto social y la responsabilidad civil que tienen aquellos usuarios que poseen cuentas con amplio alcance, millones de seguidores y masiva difusión pública.

Asimismo, el proyecto insta al Poder Ejecutivo Federal a promover canales de articulación directa con las empresas dueñas de las principales plataformas digitales de comunicación (como Meta, X o TikTok). El objetivo es agilizar de forma sustancial los actuales y burocráticos mecanismos de reporte, moderación y remoción de contenidos discriminatorios. Las organizaciones señalan que las herramientas automáticas de las aplicaciones suelen tardar días o semanas en dar de baja una publicación violenta, tiempo suficiente para que el daño moral, psicológico y laboral sobre la víctima se vuelva completamente irreversible. Tras su incorporación al debate parlamentario, el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los distintos bloques que buscan ponerle un límite institucional a la violencia en las redes.