Basta de impunidad: el proyecto para que López, Casasola y todo el Concejo asistan a talleres de género

A través de un dictamen unificado de la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad, el Concejo Deliberante dará tratamiento a un Proyecto de Resolución para implementar de forma urgente jornadas de capacitación obligatoria en violencia de género. La medida, enmarcada en la Ley Micaela, surge en un momento de fuerte cuestionamiento hacia el cuerpo, apuntando directamente a las estructuras de ediles denunciados como Pablo López y Carlos Maximiliano Casasola, quienes deberán sentarse a cumplir con la formación a partir de junio.

La iniciativa busca frenar los discursos de odio, el maltrato institucional y las conductas machistas en los pasillos parlamentarios, forzando un proceso de deconstrucción en un recinto fuertemente golpeado por escándalos de violencia de género. El texto propone la realización de jornadas formativas en cumplimiento estricto de la Ley Nacional N° 27.499 (Ley Micaela) y las Ordenanzas N°s 15.084 y 15.580, extendiendo la obligatoriedad no solo a los concejales, sino también a sus asesores políticos, funcionarios de bloque y personal de planta del Concejo Deliberante.

La urgencia del proyecto no es casual: responde a la imperiosa necesidad de "orientar" y modificar las conductas de representantes que acumulan serias denuncias públicas y judiciales en su contra. Ediles como Pablo López y Carlos Maximiliano Casasola, expuestos ante la sociedad por situaciones de violencia de género y maltrato, se verán obligados por la norma a abandonar la comodidad de sus bancas para asistir a los talleres presenciales, poniendo a prueba si son capaces de transformar sus estructuras internas o si persistirán en conductas incompatibles con la representación pública.

Según los plazos estipulados en el articulado, el ciclo formativo arrancará de manera impostergable en el mes de junio en las propias instalaciones del edificio legislativo. Las jornadas contarán con un fuerte control técnico y serán coordinadas de forma conjunta por la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia y la oficina de asesoramiento y contención ante casos de violencia con razones de género del propio Concejo. Para los vecinos de la ciudad, el inicio de estos talleres representa una exigencia social clara: erradicar los privilegios de los violentos y garantizar que quienes legislan dejen de violentar a las mujeres en el ámbito público y privado.