Innocence Project denunció "hostigamiento estatal" tras el fallido examen de ADN a Beatriz Yapura

La organización presidida por Carlos Manuel Garrido, emitió un enérgico comunicado de repudio ante lo que calificó como un "brutal traslado por la fuerza pública" de Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera.

La entidad denunció que la medida judicial para extraerle una muestra genética configura un hecho de "violencia institucional" y "hostigamiento" contra una mujer que no está imputada ni tiene sospechas en su contra.

La postura de la organización de derechos humanos chocó de frente con la versión del Ministerio Público Fiscal de Salta, sumando máxima tensión al postergado caso por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Según expresó Innocence Project, Yapura fue "arrastrada por la fuerza" por oficiales policiales para la realización de una prueba corporal invasiva pese a atravesar un delicado estado de salud y a que la defensa legal había apelado formalmente la orden que autorizaba la extracción del hisopado bucal.

Desde la entidad cuestionaron con dureza la rigurosidad legal del procedimiento ejecutado en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Denunciaron que el accionar careció de racionalidad, violó garantías básicas de la Constitución Nacional y "afectó la libertad, integridad física y psíquica, dignidad y el derecho de defensa" de Yapura. Además, apuntaron que la fiscalía eludió injustificadamente la designación de un perito de parte idóneo para controlar el proceso y que se negó a poner a disposición de la defensa el perfil genético exacto con el que se pretendía comparar la muestra, una medida que consideran indispensable para evitar la manipulación o eventuales fraudes.

Para Innocence Project, este avance científico e institucional representa una persecución injusta que revive el calvario judicial de Santos Clemente Vera, quien pasó más de una década detenido por un error antes de ser definitivamente sobreseído por la Corte Suprema de la Nación. "Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error", sentenció Garrido en el documento escrito, manifestando su profunda indignación por una causa que, según su visión, vuelve a estar marcada por la arbitrariedad, el apartamento del derecho y el hostigamiento estatal.