La paradoja de Cartuccia: de sufrir por un sueldo de 3 millones a pedir que otros trabajen gratis

La diputada provincial Laura Cartuccia, quien el año pasadoaseguraba que su salario legislativo de 3 millones de pesos "no le alcanzaba para vivir", encabeza ahora una cruzada de austeridad ajena. La legisladora impulsó una reforma para que los directivos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité contra la Tortura dejen de percibir haberes, una medida que fue denunciada por organismos de derechos humanos como un intento de desfinanciamiento encubierto.

La memoria colectiva de los salteños no olvida las declaraciones de Cartuccia en agosto de 2025, cuando reconoció el cobro de una dieta millonaria pero sostuvo que "no llegaba a fin de mes". En aquel entonces, la diputada del bloque oficialista justificó su situación económica mencionando un alquiler de 1.100 dólares y comparó su labor parlamentaria con el ejercicio de la medicina, afirmando que como médica "la pasaría muchísimo mejor". Esa desconexión con la realidad de una provincia sumergida en la pobreza generó un repudio masivo que hoy cobra nueva relevancia ante su reciente iniciativa legislativa.

En un giro inesperado hacia la optimización de recursos, Cartuccia propuso modificar las leyes 7863 y 8024 para que los representantes de los poderes del Estado en los organismos de control social trabajen de manera ad honorem. Bajo el argumento de "ordenar el financiamiento público", la diputada pretendía que expertos en violencia de género y derechos humanos realicen sus tareas sin remuneración, eliminando además las incompatibilidades para que puedan buscar ingresos en el ámbito privado. La contradicción no pasó desapercibida: mientras ella defiende la necesidad de su sueldo de siete cifras, propone que quienes vigilan la tortura en las cárceles o los femicidios lo hagan por vocación o "en sus ratos libres".

La reacción de los colectivos feministas y de derechos humanos fue inmediata, señalando que el trabajo ad honorem debilita la independencia de los organismos y los deja a merced de presiones externas. Ante el escándalo y el rechazo social, el oficialismo en la Cámara de Diputados se vio obligado a dar marcha atrás con el corazón del proyecto de Cartuccia. La reforma fue modificada para mantener el financiamiento, estableciendo que cada poder del Estado deba hacerse cargo de los haberes de sus propios representantes, evitando así la gratuidad de la función pública que la diputada intentó imponer, paradójicamente, desde la comodidad de su cuestionada dieta millonaria.