Terror digital en la UNSa: detienen a un alumno por crear desnudos falsos de sus compañeras con IA

En un fallo ejemplar que aplica la Ley Olimpia, la justicia salteña detuvo a un alumno acusado de intervenir fotos de redes sociales para simular desnudez y publicarlas en sitios pornográficos. El caso, que afecta a jóvenes militantes feministas, es abordado bajo una perspectiva de derechos humanos, analizando no solo la vulneración a la intimidad, sino también un posible trasfondo de violencia política y de género dirigida a silenciar la participación de las mujeres en espacios públicos.

La investigación, liderada por la fiscal Verónica Simesen de Bielke, se activó tras la denuncia conjunta de la Decana de la Facultad de Humanidades y once estudiantes de entre 18 y 23 años. Entre marzo y abril de este año, las víctimas descubrieron con horror que sus imágenes cotidianas de Instagram y WhatsApp habían sido manipuladas mediante herramientas de Inteligencia Artificial para crear "deepfakes" eróticos. El material fue subido a una plataforma de adultos bajo una URL específica, lo que permitió a la Dirección de Ciberseguridad rastrear la huella digital hasta el domicilio del sospechoso, quien resultó ser un par académico de las damnificadas.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el impacto de este ataque trasciende lo digital. La fiscalía informó que las jóvenes sufren ataques de pánico, ansiedad y han tenido que modificar drásticamente su estilo de vida, desde cerrar sus redes sociales hasta asistir acompañadas a la facultad por temor. Este "disciplinamiento" digital apunta directamente a un perfil específico: mujeres jóvenes con participación activa en espacios feministas y sociales. De probarse este componente, la causa no solo contemplaría la violencia de género, sino también la violencia política, entendida como el intento de menoscabar la integridad y el derecho de las mujeres a ejercer su militancia sin ser objeto de humillación sexual.

La causa se encuadra en la Ley Olimpia (27.736), sancionada para reconocer la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Esta normativa penaliza la difusión no consentida de material íntimo, ya sea real o —como en este caso— generado artificialmente, reconociendo que el daño moral y psicológico es idéntico. Tras el allanamiento donde se secuestraron dispositivos electrónicos, se detectó que existirían al menos 43 imágenes, lo que sugiere que el número de víctimas podría ser mucho mayor al identificado inicialmente.

Mientras avanza el peritaje de los dispositivos secuestrados, la justicia ha dictado medidas cautelares estrictas: el acusado tiene prohibido el acercamiento a la universidad y cualquier tipo de contacto con las denunciantes. Con el resguardo de identidad de las víctimas garantizado, el proceso judicial busca no solo una condena que puede llegar a los seis años de prisión por los agravantes, sino también sentar un precedente sobre el uso ético de las nuevas tecnologías y la protección efectiva de la dignidad de las mujeres en el entorno digital.