La Corte salteña rechazó las impugnaciones contra la nueva ley electoral provincial

Tras el fallo unánime de la Corte de Justicia de Salta que avaló la constitucionalidad de la Ley N.º 8.535 de Participación Democrática —cuestionada por habilitar un esquema de acumulación de votos similar a la Ley de Lemas—, los dirigentes opositores que impulsaron las impugnaciones analizan presentar un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise las reglas de juego de cara a los comicios provinciales de mayo de 2027.

La disputa judicial y política por las reglas electorales en la provincia de Salta ingresó en una instancia decisiva. Luego de que la Corte de Justicia de Salta rechazara por unanimidad tres acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley N.º 8.535 de Participación Democrática —sancionada por la Legislatura el pasado 30 de abril y promulgada en mayo—, los referentes de distintos sectores de la oposición evalúan recurrir el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución del tribunal salteño, presidido por Teresa Ovejero, despejó en el plano local el camino institucional para que el Poder Ejecutivo Provincial avance con la firma del decreto de convocatoria a elecciones generales, previstas preliminarmente para el 16 de mayo de 2027. Sin embargo, las fuerzas opositoras sostienen que la arquitectura electoral impulsada por el oficialismo altera la representación directa y distorsiona la voluntad popular al permitir la acumulación de sufragios entre múltiples listas dentro de un mismo espacio político. 

El pronunciamiento de los nueve jueces de la Corte provincial resolvió el planteo principal promovido por el diputado nacional Carlos Raúl Zapata (Ahora Patria) y Lourdes Ríos Ayllón (apoderada de La Libertad Avanza en Salta), haciendo extensivos sus fundamentos por analogía a las acciones interpuestas por Claudio Ariel Del Plá (Partido Obrero) y Alejandro Patrón Costas (Partido de la Reconquista).

Para desestimar las impugnaciones, los magistrados sostuvieron que las provincias gozan de plena autonomía institucional para diseñar sus propios sistemas electorales conforme a los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, y remarcaron que los artículos 56 y 127 (inciso 16) de la Carta Magna salteña otorgan a la Legislatura facultades privativas para reglamentar el régimen de comicios. Asimismo, el tribunal argumentó que el sistema respeta la elección directa y no vulnera garantías constitucionales, citando precedentes de la Corte Suprema nacional que convalidaron esquemas electorales similares en otras jurisdicciones.

Resultan razonables tanto las exigencias territoriales para postularse a gobernador y vicegobernador —al representar a toda la provincia— como las distinciones normativas entre partidos políticos y alianzas electorales. La Corte argumentó además que la Justicia no debe sustituir las decisiones políticas del Poder Legislativo salvo que se demuestre una arbitrariedad manifiesta o una violación constitucional palmaria.

Frente al revés judicial en los tribunales locales, los equipos jurídicos de los accionantes analizan la interposición de recursos extraordinarios federales para llevar la discusión a Buenos Aires. El objetivo de la oposición es evitar que los comicios de 2027 se desarrollen bajo un régimen que comparan abiertamente con la controvertida Ley de Lemas, advirtiendo que el sistema permite que un candidato a intendente o legislador resulte electo sin haber sido individualmente el más votado por la ciudadanía.

Mientras la oposición define los plazos procesales para acudir al máximo tribunal del país, en el ámbito político salteño persiste además la incertidumbre sobre la eventual habilitación de un tercer mandato consecutivo para el actual gobernador, un debate paralelo que promete mantener judicializado el escenario electoral durante los próximos meses.