Intenso operativo fiscal para abrir la bóveda de Santiago Peña en Paraguay

Un equipo de fiscales especiales retornó a la residencia del destituido expresidente paraguayo Santiago Peña en San Bernardino con equipamiento tecnológico para abrir el compartimiento blindado de nivel 7, mientras la fiscalía evalúa desde el uso de biometría de la exPrimera Dama hasta una detonación controlada y el Banco Central informa la restitución parcial de depósitos a más de 1,7 millones de ahorristas.

La investigación judicial por el descalabro de Ueno Bank y la red de corrupción que derivó en la destitución y encarcelamiento del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, sumó una jornada crítica. Comitivas fiscales y peritos en explosivos e ingeniería forense regresaron este martes a la residencia de verano del exmandatario en San Bernardino para intentar abrir la bóveda secreta de "alta complejidad" descubierta detrás de una pared falsa, cuyo acceso no pudo ser vulnerado durante el primer allanamiento por contar con sistemas de seguridad biométrica y blindaje de nivel 7.

Frente a las barreras tecnológicas del recinto, los fiscales intervinientes evaluaron alternativas extremas que van desde citar a la esposa de Peña, Leticia Ocampos, para intentar la apertura mediante reconocimiento facial e iris, hasta recurrir a una detonación controlada coordinada por las fuerzas de seguridad. La propiedad de Ciervo Cuá, donde se halla la estructura, fue financiada mediante préstamos irregulares concedidos por el propio Ueno Bank con cuotas mensuales que sextuplicaban los ingresos oficiales de Peña como jefe de Estado.

La causa penal no se limita a la finca de San Bernardino. En las últimas horas, la fiscalía ejecutó un operativo de casi cinco horas en la residencia particular de Peña en el barrio Mbocayaty de Asunción —secuestrando teléfonos, documentación y servidores de video—, al tiempo que allanó la sede central de la entidad bancaria y el domicilio de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) e exintegrante del directorio de Ueno Bank, quien también fue imputado y puesto bajo prisión preventiva. Asimismo, el Ministerio Público confirmó el inicio de gestiones internacionales con autoridades de la Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear y congelar cuentas offshore vinculadas a los desvíos.

En el plano financiero y social, el BCP y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) informaron que se logró reintegrar fondos a 1,7 millones de ahorristas por un monto de 340 millones de dólares, alcanzando al 93,1% de los clientes bancarizados cubiertos por la garantía estatal. No obstante, la crisis mantiene un enorme nivel de incertidumbre sobre el destino de más de 800 millones de dólares pertenecientes a reparticiones y fondos públicos que se encontraban depositados en la firma intervenida, cuyo recupero sigue siendo una incógnita.