Suspenden hasta el martes el juicio contra un cardiólogo salteño por abuso sexual

El debate oral contra un médico cardiólogo del Hospital San Bernardo —actualmente suspendido de empleo y sueldo— quedó postergado hasta el próximo martes 17 de noviembre luego de que la fiscalía ampliara la acusación con nuevos hechos revelados por su exesposa, en un expediente marcado por un historial de denuncias cajoneadas y demoras judiciales desde 2020.

El juicio oral y público contra un médico cardiólogo del Hospital San Bernardo de Salta, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de quien fuera su esposa, sufrió una abrupta interrupción apenas iniciadas las audiencias en el Salón de Grandes Juicios. Tras la declaración del acusado —quien negó los cargos— y el posterior testimonio de la víctima en un recinto despejado para evitar su revictimización, el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Sergio Federico Obeid, solicitó la ampliación de la acusación al incorporarse nuevos hechos relatados por la denunciante durante la audiencia, sin que ello modifique la calificación legal vigente.

Ante este planteo, el juez unipersonal Eduardo Raúl Sángari dispuso suspender el desarrollo del debate por un plazo de tres días hábiles, fijando la reanudación de las sesiones para el próximo martes 17 de noviembre a las 14 horas. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el cuarto intermedio busca resguardar el derecho de defensa en juicio del imputado, permitiendo que sus letrados, José Luis Finelli y Martín Rodolfo Galván, puedan preparar su estrategia y ofrecer nuevas medidas probatorias frente a las recientes alegaciones.

El caso —en el que el abogado Martín Plaza Schaefer actúa en representación de la querella— expone un grave historial de dilaciones institucionales que obligaron a la víctima a atravesar un largo camino antes de llegar a la instancia de juicio. Los hechos sometidos a debate abarcan un extenso período comprendido entre 2002 y fines de 2019, lapso durante el cual la mujer fue sometida a relaciones sexuales forzadas en el marco de la convivencia matrimonial.

De acuerdo con los registros de la causa, el peregrinar judicial comenzó con una primera denuncia radicada en julio de 2020 ante la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, dependencia que omitió derivar las actuaciones a la fiscalía especializada en delitos sexuales. Ante la inacción, la mujer volvió a denunciar en 2021; sin embargo, aunque el expediente ingresó a la UDIS, recién fue citada a declarar en marzo de 2023, tras lo cual la causa fue archivada sin que se produjeran medidas investigativas de fondo, según denunció la propia afectada. Recién tras la reapertura del legajo se lograron reunir los informes psicológicos, testimonios y pericias que sustentan la actual elevación a juicio.

En los estrados penales de la provincia de Salta, el juzgamiento de los delitos de abuso sexual continuado dentro del matrimonio o la convivencia representa uno de los desafíos probatorios y culturales más complejos para el sistema de administración de justicia. A pesar de que la legislación argentina —en consonancia con la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Convención de Belém do Pará— erradicó definitivamente el anacrónico concepto civil del "débito conyugal", en la práctica judicial persisten tensiones estructurales al momento de investigar agresiones sexuales sostenidas en el tiempo bajo un mismo techo.

El abordaje de estas causas por parte de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) y los tribunales de juicio salteños requiere desarticular prejuicios profundamente arraigados. A diferencia de los ataques perpetrados por desconocidos en el espacio público, la violencia sexual intramatrimonial suele carecer de testigos presenciales directos y de rastros físicos inmediatos, debido a que las denuncias suelen radicarse años después de iniciados los sometimientos, cuando la víctima finalmente logra romper el círculo de dependencia económica, aislamiento o temor.