Vigilancia escolar | El bloque libertario propone sancionar a padres y alumnos por retos virales

Bajo el nombre de "Sistema de Seguridad Escolar", el bloque de La Libertad Avanza propone un esquema de vigilancia y sanciones para frenar amenazas y retos virales en las escuelas. La iniciativa apela al concepto de "valor supralegal" para justificar medidas de fuerza, mientras el proyecto suma sombras por su enfoque punitivo y la falta de consenso en las comisiones legislativas.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza, encabezado por Eduardo Virgili junto a otros ocho legisladores, presentó un proyecto de ley que pretende instaurar el "Sistema de Seguridad Escolar y Prevención de Amenazas" en la provincia. La propuesta surge en un clima de creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas, pero su redacción ha encendido alarmas por un enfoque que prioriza la sanción y la vigilancia sobre el acompañamiento pedagógico.

La arquitectura de la ley se sostiene sobre cuatro pilares que endurecen la responsabilidad sobre los actores del sistema educativo. El proyecto contempla la creación de un Programa Provincial de Convivencia Digital enfocado en advertir sobre las consecuencias penales de las acciones en redes sociales y la réplica de amenazas. Asimismo, establece un registro provincial para monitorear casos y un protocolo unificado de actuación que promete "mano dura" ante situaciones que pongan en riesgo la vida, invocando el derecho a la vida como un valor por encima del ordenamiento legal vigente.

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es el reparto de responsabilidades. La norma apunta no solo a los adolescentes que actúen o repliquen amenazas, sino también a los adultos por falta de supervisión y a las plataformas digitales que difundan contenido riesgoso. Los fundamentos del bloque libertario defienden esta postura asegurando que no se trata de arbitrariedad, sino de una "aplicación plena del ordenamiento jurídico" cuando la seguridad de los niños está en juego, marcando un perfil legislativo que busca desplazar los límites de la intervención estatal en la conducta privada de las familias.

Pese a la vehemencia de sus autores, el proyecto transita un camino incierto en la Legislatura. Hasta el momento, la iniciativa no cuenta con dictámenes de ninguna de las comisiones clave: Educación, Justicia, Seguridad, Hacienda ni Legislación General. Este vacío de avales técnicos sugiere que el debate sobre la "mano dura escolar" encontrará fuertes resistencias en sectores que cuestionan si la solución a los conflictos de convivencia digital debe ser la vía punitiva o si, por el contrario, el Estado está intentando legislar desde el castigo una problemática que requiere inversión en salud mental y educación.