El Senado dio media sanción a la ley de propiedad privada tras podar sus puntos más polémicos

Tras una extensa jornada de debate que se prolongó por casi 12 horas, el Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo una ajustada media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra, y ahora fue girada a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento.

Sin embargo, el oficialismo debió afrontar un alto costo político y negociaciones de última hora que lo obligaron a resignar apartados clave del texto original. El camino hacia la aprobación no estuvo exento de tensiones y resistencias tanto dentro como fuera del recinto.

Producto del fuerte rechazo social, político y de los bloques provinciales dialoguistas, el Gobierno debió dar marcha atrás con dos de sus ejes más controvertidos: tal como se había anunciado previamente, se excluyó por completo el apartado vinculado a la flexibilización en la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras; en pleno desarrollo de la sesión, y ante la falta de los votos necesarios para aprobar las modificaciones —que buscaban eliminar prohibiciones sobre el uso comercial de terrenos incendiados—, el oficialismo resolvió retirar a última hora el cuarto capítulo del proyecto, cosechando aplausos de la oposición.

El núcleo de la normativa aprobada

Al quedar descartados los puntos más resistidos, el articulado principal que logró superar el filtro de la Cámara alta se concentró en modificar los regímenes vigentes en materia civil y procesal. Entre los puntos centrales aprobados se destacan:

• Desalojos exprés: Se incorporaron procedimientos judiciales abreviados y mecanismos orientados a agilizar los desalojos frente a ocupaciones ilegales, un punto fuertemente cuestionado por sectores opositores bajo el argumento de que podría vulnerar derechos de sectores vulnerables o inquilinos en situaciones de atraso contractual.

• Modificaciones en expropiaciones: Se introdujeron restricciones a la declaración de utilidad pública por parte del Estado, exigiendo que esta deba ser de interpretación restrictiva, debidamente fundamentada e identificada de manera específica y proporcional al fin perseguido.

Durante el debate, la jefa del bloque oficialista defendió la necesidad de otorgar certezas jurídicas a los ciudadanos frente a usurpaciones y abusos estatales, mientras que los bloques opositores calificaron la normativa de inconstitucional y advirtieron sobre un trasfondo de desregulación perjudicial. En las afueras del Congreso, la jornada legislativa estuvo acompañada por movilizaciones de rechazo que culminaron con momentos de tensión y disturbios.