Anuncian que el Gobierno denunciará a quienes cuestionen la salud mental del presidente

En un nuevo y desmedido avance contra la libertad de expresión, el Gobierno nacional oficializó una directiva insólita y autoritaria: perseguir judicialmente y presentar denuncias penales contra todo aquel que se atreva a cuestionar o debatir la salud mental del presidente.

Lejos de aceptar el escrutinio público que exige la investidura presidencial, la administración central busca imponer una mordaza legal, pretendiendo blindar de críticas a un mandatario cuyos propios actos públicos han puesto el tema en el centro de la escena política.

La paradoja no podría ser más cínica ni ofensiva. Se trata exactamente del mismo dirigente que llegó al poder agitando una motosierra en los actos de campaña, que emula la furia de un león en sus redes sociales y que protagoniza constantes exabruptos, insultos y descalabros discursivos contra gobernadores, periodistas, legisladores y cualquier ciudadano que ose disentir con sus medidas.

Convertir el análisis sobre la estabilidad psicológica del jefe de Estado en un delito punible desnuda un profundo autoritarismo y un temor desesperado a que la realidad quede al desnudo. Pretender criminalizar la opinión pública y judicializar el debate sobre la aptitud mental de quien conduce los destinos del país es una muestra más de intolerancia y debilidad institucional.

Mientras el ajuste social profundiza la crisis, la pobreza y el abandono de los sectores más vulnerables, el oficialismo moviliza el aparato del Estado no para dar respuestas a los jubilados o a los enfermos, sino para perseguir a quienes señalan lo evidente. Censurar el debate sobre la salud mental de un gobernante que gobierna a los gritos y entre provocaciones no hace más que confirmar que el autoritarismo, la intolerancia y el desequilibrio ya se instalaron en el corazón del poder.