Entre el ajuste y el rechazo: cómo votaron los senadores de Salta la Ley de Propiedad Privada

La maratónica sesión en la Cámara alta expuso la fractura en la representación de Salta, dejando al descubierto posturas encontradas frente a una iniciativa oficialista cuestionada por flexibilizar derechos y profundizar el ajuste.

Tras una maratónica sesión de más de diez horas, el Senado de la Nación aprobó en general el polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa obtuvo una ajustada media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra, un margen exiguo que reflejó las dificultades del Gobierno para blindar sus proyectos en el recinto. Lejos de consolidarse como una victoria política categórica, la votación evidenció una profunda debilidad parlamentaria que obligó al oficialismo a desguazar el texto original, eliminando los capítulos referidos a la venta de tierras a extranjeros y las modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego para evitar un rechazo estrepitoso.

En medio de este escenario de tensión y con un articulado reducido a medidas procesales como los desalojos exprés y las restricciones a las expropiaciones, el impacto de la votación dejó al descubierto las profundas divisiones en la representación de la provincia de Salta en la Cámara alta, donde cada legislador marcó rumbos opuestos alineados con sus trayectorias y pertenencias políticas:

La senadora salteña, referente del oficialismo nacional, María Emilia Orozco (La Libertad Avanza), ratificó su alineamiento incondicional con las políticas de la Casa Rosada al emitir su voto positivo. Proveniente de espacios provinciales neoliberales antes de sumarse al bloque libertario, Orozco ha respondido de manera directa a la estructura impulsada por el Ejecutivo, respaldando sistemáticamente iniciativas orientadas a la desregulación económica.

Sectores sindicales y organizaciones sociales cuestionan fuertemente su rol, señalando que con su voto convalida un modelo que da la espalda a las demandas de los trabajadores, precariza las condiciones habitacionales con herramientas como los desalojos abreviados y prioriza el ajuste fiscal por sobre la protección de los sectores populares.

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza) Abogado de profesión con inserción en ámbitos académicos e institucionales, el senador por Salta acompañó disciplinadamente a su compañera de bloque votando a favor del proyecto oficial. Pese a su perfil vinculado al derecho constitucional, su desempeño legislativo ha quedado fuertemente ligado a la arquitectura jurídica del ajuste nacional.

Los gremios y sindicatos provinciales le reprochan haber dado la espalda a los derechos laborales e históricos de las mayorías trabajadoras al convalidar normativas que achican la intervención estatal en garantías sociales y debilitan las protecciones frente al avance corporativo.

En la vereda opuesta, la senadora y exfuncionaria nacional y provincial, Flavia Royón (Primero los Salteños), optó por marcar distancia de la administración central al votar en contra de la normativa. Con una trayectoria anclada en la gestión de la producción, la energía y los recursos provinciales —habiendo integrado gabinetes de administraciones anteriores—, su rechazo apuntó a resguardar los intereses federales y productivos de Salta.

Aunque sectores críticos recuerdan su paso por la administración pública central en etapas de fuerte restricción económica, en esta oportunidad su voto negativo representó un freno político al núcleo más resistido del proyecto libertario que amenazaba las autonomías provinciales.

Con la media sanción ya consumada, el dictamen fue girado a la Cámara de Diputados, donde se vislumbra un debate igual o más conflictivo, mientras la representación salteña en el Senado continúa reflejando el profundo clivaje político que atraviesa a la provincia frente al modelo de desregulación y ajuste del Ejecutivo nacional.