

Redes sociales bajo la lupa | Buscan prohibir el acceso a menores de 13 años en Salta
El Tintero Legislativo 05/05/2026 Salud Mental Infantil


La iniciativa busca prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 13 años y establecer un régimen de supervisión parental hasta los 16. El proyecto, impulsado por legisladores del bloque Por Salta, apunta a resguardar la salud mental y la integridad de niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno virtual.
La Cámara de Diputados de Salta analiza un marco regulatorio integral para el acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes. Bajo los expedientes Nº 91-53.861/26 y Nº 91-53.541/25, la propuesta legislativa —de autoría de los diputados Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Omar Exeni— busca establecer pautas de protección ante el impacto que los entornos digitales generan en el desarrollo integral de los menores salteños.
El proyecto de ley establece una restricción absoluta de acceso a redes sociales para menores de 13 años, en concordancia con los términos de uso internacionales de la mayoría de las plataformas. Asimismo, dispone un régimen de acceso condicionado para adolescentes de entre 14 y 16 años, quienes deberán contar con la intervención y supervisión directa de sus progenitores para la creación y manejo de perfiles digitales.


Los fundamentos de la norma subrayan que, si bien la provincia ya adhiere a la "Ley Mica Ortega" contra el grooming, la problemática actual requiere un abordaje preventivo más amplio que incluya riesgos para la salud mental. La iniciativa se sustenta en el principio del interés superior del niño y en el deber del Estado de adoptar medidas de protección frente a vulneraciones en entornos digitales, evitando avanzar sobre regulaciones federales de comunicación al centrarse en la protección de derechos, salud y educación en jurisdicción provincial.
La regulación prevé un régimen sancionatorio dirigido exclusivamente a las empresas prestadoras de las plataformas. Según el texto, las redes sociales son los actores con capacidad técnica y económica para implementar medidas efectivas de verificación de edad y protección, evitando que la responsabilidad legal recaiga sobre los menores. Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite legislativo, aguardando los dictámenes de las comisiones de Educación, Legislación General, Hacienda, Comunicaciones y Familia.


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