¿Dónde está "Camboya"? La vergüenza institucional de una fuga que la Policía de Salta no puede resolver

Se cumple un mes de la fuga de película de Jonatan Jordan Peloc de la Alcaidía General y el Estado todavía no tiene rastros de su paradero. Mientras el Gobierno intenta tapar el escándalo con una recompensa de 10 millones de pesos, la sociedad salteña asiste a una nueva muestra de inoperancia en el control de detenidos peligrosos.

La seguridad pública de Salta atraviesa uno de sus momentos más críticos tras cumplirse un mes de la evasión de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien se fugó de la Alcaidía el pasado 4 de abril sin que hasta el momento se hayan registrado avances en su captura. Peloc no es un delincuente menor; se encontraba detenido por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, un hecho que ya había conmocionado a la ciudad por su violencia.

Ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad para localizar al evadido en territorio provincial, el Ejecutivo apeló a la billetera pública mediante el Decreto N° 178, ofreciendo una recompensa de $10.000.000 para quien aporte datos verificables. Esta medida, solicitada por el Procurador General, expone la desesperación de un sistema que perdió el rastro de un homicida en sus propias narices y ahora depende de la colaboración ciudadana para enmendar un error institucional gravísimo.

La fuga de "Camboya" no es solo un hecho policial, sino un escándalo que pone bajo la lupa los controles dentro de la Alcaidía. Que un detenido por asesinato logre evadir la vigilancia y desaparecer durante 30 días en una provincia que alardea de "federalizar la salud" y "modernizar el estado" resulta, cuanto menos, contradictorio. Mientras se ofrecen sumas millonarias para "contribuir a la tranquilidad de la sociedad", la realidad en las calles de Salta es de una creciente desprotección, donde los delincuentes peligrosos parecen tener más facilidad para salir de las dependencias oficiales que los ciudadanos para obtener justicia.

El ofrecimiento de la recompensa excluye a funcionarios públicos y miembros de fuerzas de seguridad, intentando blindar la transparencia del cobro, pero no oculta la falta de resultados operativos tras un mes de búsqueda infructuosa. La pregunta que circula en cada rincón de la provincia es cómo un prófugo con un frondoso prontuario puede burlar el cerco policial por tanto tiempo, dejando al descubierto las grietas de un sistema penitenciario y de seguridad que parece haber quedado de rodillas ante una fuga de película.