La familia de Thiago exige que los acusados cumplan prisión efectiva en un penal

Un profundo malestar e indignación se instaló en la capital salteña tras la resolución del juez de Garantías Antonio Pastrana, quien otorgó la prisión domiciliaria a María del Milagro Cuéllar Medina, la madre del pequeño Thiago Altamirano, el niño de dos años trágicamente asesinado por asfixia mecánica el pasado 22 de junio.

La medida fue adoptada al cumplirse el plazo de cuatro meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, apoyándose en informes técnicos que declararon apto el domicilio propuesto y en el estado de gestación que atraviesa la imputada. Frente a esto, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, anticipó su rotunda oposición y presentó la apelación formal para revocar la medida cautelar.

El fallo provocó la inmediata reacción de Hugo Altamirano, padre del niño, quien expresó que jamás aceptará que los acusados por el crimen de su hijo reciban el beneficio de esperar el proceso judicial con las comodidades del hogar. Cuéllar Medina enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo al atribuírsele el no haber actuado para impedir la muerte del menor, mientras que su pareja, Franco Nicolás Funes, permanece imputado como autor material por homicidio agravado por alevosía. El entorno familiar del pequeño advierte además que la defensa de Funes busca extender un beneficio similar para el principal acusado, lo que encendió todas las alarmas en el círculo del niño.

Asimismo, el reclamo de Altamirano y sus familiares apunta directamente contra las instituciones de protección a la infancia. El padre cuestionó con dureza la inacción de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, conducida por Carina Iradi, exigiendo la remoción de las autoridades responsables de no intervenir a tiempo pese a las múltiples señales y denuncias previas sobre lesiones físicas y signos visibles de maltrato que sufría el pequeño mientras convivía con la pareja. Altamirano lamentó que los organismos estatales le hubieran impuesto medidas cautelares en su momento sin investigar las condiciones deplorables en las que vivían sus hijos.

A la par de la causa penal, la familia continúa exigiendo la plena protección e integración de Tobías, el hermano del pequeño Thiago, para que su cuidado definitivo quede resguardado bajo la contención de su entorno paterno y de sus abuelos. En respuesta a estas decisiones judiciales y administrativas, familiares, allegados y vecinos autoconvocados realizaron marchas de protesta frente a la sede de la Ciudad Judicial de Salta y dependencias provinciales, asegurando que mantendrán las movilizaciones de forma permanente hasta que los imputados vuelvan a un establecimiento penitenciario y se determinen las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados en el caso.