



El sistema de emergencias de la provincia de Salta se encuentra al borde de la parálisis absoluta ante la inminente presentación de renuncias masivas por parte de los médicos que integran el servicio de guardia del Hospital San Bernardo.
Los profesionales de la principal cabecera sanitaria del Noroeste Argentino (NOA) resolvieron avanzar con la dimisión en bloque tras el reiterado incumplimiento de los acuerdos salariales pactados con la administración provincial, cuyos incrementos debían haberse liquidado de manera efectiva durante el corriente mes de octubre. La medida, que se formalizaría en las próximas horas, amenaza con dejar desatendida la atención de urgencias y politraumatismos de alta complejidad en toda la región metropolitana y el interior.
La mecha que terminó de encender el conflicto interno fue la constatación de una marcada asimetría de haberes respecto a profesionales de otras instituciones del mismo nivel estatal. Según denunciaron los propios efectores de salud, los médicos de guardia del Hospital Señor del Milagro perciben montos que superan en hasta un millón de pesos los honorarios cobrados en el San Bernardo por similar carga horaria y nivel de responsabilidad. Desde el equipo afectado aclararon que la exigencia no busca recortar los ingresos de sus colegas, sino visibilizar el desgaste y la falta de reconocimiento hacia el establecimiento que absorbe la mayor cantidad de derivaciones críticas, accidentes de tránsito y derivaciones complejas de la provincia.


El conflicto laboral estalla en un marco de creciente cuestionamiento político a la conducción del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, encabezado por Federico Mangione. Mientras la trinchera asistencial padece el atraso en los haberes y el deterioro de las condiciones de trabajo, la gestión sanitaria ha concentrado sus esfuerzos en impulsar esquemas de terciarización e intermediación privada para el cobro de deudas que las obras sociales y prepagas mantienen con los hospitales públicos salteños. Esta priorización de fondos e iniciativas hacia sectores privados, en detrimento del sostenimiento salarial básico del recurso humano del Estado, profundizó el distanciamiento entre las autoridades gubernamentales y las bases médicas.
De concretarse las dimisiones masivas en la guardia central, el impacto operativo sobre el esquema de salud de Salta será inmediato y de severa gravedad. Al no contar con personal sustituto para cubrir los turnos de 24 horas en las especialidades de cirugía, clínica, traumatología y neurocirugía, la provincia enfrenta el riesgo real de una saturación en las guardias periféricas y centros de primer nivel que carecen del equipamiento necesario para atender patologías de alta complejidad. La comunidad médica aguarda una respuesta urgente del Ejecutivo provincial antes de ejecutar la desvinculación definitiva del plantel profesional.


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