Justicia por Tomás | El Senado rompe el blindaje a Wayar y exige explicaciones por la demora de la ambulancia

Mientras Diputados frenó la intervención del municipio, el Senador Caro Dávalos lanzó una batería de pedidos de informe a los Ministros de Salud y Seguridad. Buscan determinar si la falta de chofer y la demora policial sellaron el destino de Tomás.

La protección política que el oficialismo le brindó a Javier Wayar en la Cámara de Diputados no fue suficiente para acallar el reclamo de justicia en La Merced. En una jugada que expone las falencias críticas del sistema de emergencias, el senador Gonzalo Caro Dávalos presentó un exhaustivo pedido de informe que pone bajo la lupa no solo al Intendente, sino a toda la cadena de respuesta estatal que falló el fatídico 5 de abril, cuando el pequeño Tomás perdió la vida.

A diferencia del "tratamiento en comisión" al que fue enviado el pedido de intervención en la Cámara Baja —una maniobra clásica para ganar tiempo y enfriar la bronca social—, el Senado fue por la vía de los hechos. Caro Dávalos exige que los Ministros de Salud y Seguridad expliquen, con relojes y actas en mano, por qué la asistencia tardó tanto en llegar y si es cierto que la ambulancia local no tenía chofer ni personal sanitario disponible para una salida inmediata.

El pedido de informe no deja margen para el relato político. El Senado exige saber la hora exacta de la llamada al 911, el tiempo de despacho de la unidad y, fundamentalmente, si se cumplieron los protocolos. Entre los puntos más críticos, el legislador interroga sobre la disponibilidad operativa de la ambulancia de La Merced al momento del hecho: ¿Tenía chofer? ¿Contaba con personal médico? ¿Por qué se habla de una demora que podría haber sido evitable?

Pero la presión no termina en la salud. El Ministerio de Seguridad también deberá responder por el accionar policial y la División Criminalística. El Senado quiere saber cuánto tiempo pasó desde el atropello hasta que se preservó la escena y se realizaron las pericias de frenado. Además, el documento indaga sobre un punto que Wayar ha intentado esquivar: el control de alcoholemia al conductor y si se garantizó la cadena de custodia del vehículo municipal involucrado.

Diputados protege, Senadores investiga

El contraste entre ambas cámaras es total. Mientras los diputados oficialistas argumentaron "respetar los tiempos legislativos" para no tratar la destitución de Wayar —quien recordemos tiene sus haberes embargados y causas judiciales activas—, el Senado parece haber tomado nota de la indignación de los vecinos de La Merced.

Este pedido de informe, que debe ser respondido en un plazo de cinco días, busca reconstruir la cronología completa de un operativo que huele a abandono. Si se comprueba que hubo negligencia en el despacho de la ambulancia o falta de personal por desidia administrativa, la situación de Wayar pasará de la crisis política a una responsabilidad penal compartida que ni el blindaje de sus socios en Diputados podrá tapar.