Escándalo procesal y revés judicial para Ginóbili en Villa La Angostura

La Cámara de Apelaciones 2 de Neuquén asestó un durísimo revés procesal al entramado judicial que rodea el disputado predio de 13 hectáreas en el cerro Belvedere, en plena zona privilegiada de Villa La Angostura. La Sala A decretó la nulidad absoluta de la sentencia de primera instancia que ordenaba a la comunidad originaria Lof Paichil Antriao restituir el terreno al exbasquetbolista Emanuel "Manu" Ginóbili. 

Lejos de resolver la controversia de fondo sobre la titularidad del inmueble o validar los reclamos territoriales ancestrales, la resolución pone al descubierto un andamiaje judicial caracterizado por arbitrariedades formales, omisiones graves y contradicciones insalvables que retrotraen un litigio de casi veinte años a un punto ciego de incerteza jurídica.

El voto de la mayoría —encabezado por los jueces Pablo Furlotti y Nancy Vielma— dejó al desnudo que el juez de origen incurrió en vicios procesales incorregibles. Entre las fallas más escandalosas señaladas por la alzada figura la omisión deliberada de resolver la acción declarativa de certeza promovida por el propio Ginóbili en 2007, sumada a fundamentaciones antagónicas que se excluían entre sí: por un lado, el magistrado inferior sostuvo no poder determinar si la comunidad poseía un derecho superior, pero en el mismo texto dictaminó que dicho derecho no estaba probado.

A estas irregularidades se sumó la insólita orden de desalojar a ocupantes contra los cuales el empresario ya había desistido de demandar, así como una imprecisión absoluta en la imposición de costas, violando las garantías del debido proceso y dejando al desnudo un fallo confeccionado de forma acelerada e insostenible.

Estancamiento del relevamiento territorial

El trasfondo del expediente expone las profundas grietas de la especulación inmobiliaria en la Cordillera y el estancamiento crónico en la aplicación de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial Indígena. Ginóbili adquirió los lotes en enero de 2004 con la proyección de desarrollar un exclusivo emprendimiento turístico sobre las laderas del cerro Belvedere; sin embargo, la comunidad Lof Paichil Antriao reocupó el sector en junio de 2018 argumentando la posesión ancestral de tierras que el Estado nacional otorgó originalmente a particulares en 1902 y tituló en 1915, para luego ser fragmentadas y comercializadas por privados.

Mientras el voto en disidencia del juez Manuel Castañón López pretendía convalidar el título del deportista como «perfecto» y ordenar el desalojo inmediato, la posición mayoritaria impuso volver a foja cero para evitar un estrago procesal aún mayor ante tribunales superiores. 

Al ordenarse que el expediente sea remitido a un nuevo magistrado por el régimen de subrogancias, el conflicto retorna a un esquema de parálisis estructural. La decisión de la Cámara de Apelaciones frena cualquier intento de avanzar con desmontes o desarrollos inmobiliarios en la ladera del Belvedere, pero perpetúa la inseguridad jurídica tanto para los titulares registrales de compras multimillonarias como para las comunidades originarias que exigen el reconocimiento definitivo de sus derechos constitucionales. Con la causa reiniciándose desde el escrito inicial, la disputa por el cerro Belvedere ratifica la incapacidad del sistema judicial patagónico para dirimir reclamos donde convergen el capital privado internacional, la falta de mensura del Estado y los derechos de los pueblos originarios.