Campo Quijano | El padre de Natalia Cruz pide justicia por Natalia y recuerda otra hija asesinada

La historia de Amancio Vázquez no es un relato de mala fortuna, sino la prueba irrefutable del fracaso de las políticas de protección de género en Salta. En nueve años, la violencia machista le arrebató a dos hijas en el mismo seno familiar: primero fue Amira (17) y ahora Natalia Cruz, una joven maestra con toda una vida por delante. 

El grito de Amancio, “¿Por qué otra vez?”, no es una pregunta al azar, es una denuncia política contra un sistema judicial y policial que, pese a los antecedentes, dejó la puerta abierta para que el horror se repitiera. Estamos obligados a mirar hacia atrás: en el femicidio de Amira ya hubo señales de alerta que las autoridades ignoraron. Hoy, con Natalia, el patrón se repite.

El acusado, Daniel Orlando Serapio, ya manifestaba conductas violentas que el entorno conocía. Sin embargo, en una provincia que se jacta de tener protocolos de emergencia, no hubo una intervención integral que evaluara el riesgo ambiental y familiar de una casa que ya había sido marcada por el femicidio. La falta de un seguimiento post-trauma y de medidas preventivas eficaces convirtieron a esta familia en un blanco fácil para los violentos.

Amancio sostiene una sospecha que la Justicia no puede ignorar: la red de encubrimiento. "En diez días nadie vive solo", afirma, señalando que mientras el Estado desplegaba drones y 70 efectivos, alguien alimentaba y protegía al femicida en su huida. El encubrimiento de un femicida no es solo un delito penal, es un acto de violencia social que perpetúa la impunidad. La investigación debe alcanzar a quienes asistieron a Serapio, porque sin red de apoyo no hay prófugos, y sin justicia completa no hay reparación posible para las víctimas.

Para Natalia, el acceso a la educación y su título de maestra fueron sus herramientas de empoderamiento, pero el sistema no garantizó su derecho más básico: el derecho a la vida. Amancio no pide venganza, pide que el Estado deje de ser un espectador de entierros y se convierta en un garante de derechos. Este caso exige que la Justicia salteña deje de tratar los femicidios como hechos aislados y empiece a entender que, cuando una familia es golpeada dos veces, la responsabilidad es de quien debía cuidarla y no lo hizo.