La Federación Nacional de Docentes Universitarios inició este lunes un paro de cinco días y anunció nuevas medidas de fuerza para marzo y abril, en reclamo de paritarias urgentes y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se da en medio de una fuerte pérdida salarial, recortes presupuestarios y una disputa judicial por la aplicación de la norma vigente.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional y puso en marcha un plan de paros progresivos para todo el semestre.
La primera medida comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes, con nuevas jornadas de protesta previstas para la semana del 20 de marzo y la del 27 de abril, además de una Marcha Federal Universitaria convocada para el 23 de abril. El reclamo central es doble: la apertura urgente de paritarias y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El trasfondo del conflicto es la fuerte caída del poder adquisitivo de los docentes. Según datos de Conadu, un profesor universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró en enero un salario bruto de $305.604. Medido contra noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, ese ingreso sufrió una pérdida real del 34%, mientras que en la comparación interanual la baja fue del 12,9%. En ese marco, la UBA declaró la emergencia salarial para docentes y no docentes, además de advertir sobre el impacto sobre profesionales de la salud, investigadores y tareas de extensión.
La crisis no es sólo salarial. En términos nominales, el presupuesto de Educación Superior aumentó entre 2023 y 2026, pero al ajustarlo por inflación la situación cambia drásticamente: entre 2023 y 2025 la caída real fue del 28,9%, y si se toma la proyección para 2026 el retroceso llega al 34,3% respecto de 2023. Desde las universidades denuncian que el presupuesto 2026 no contempla lo establecido por la ley vigente ni garantiza una actualización adecuada para el funcionamiento del sistema.
En paralelo, el frente judicial y político sigue abierto. La ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso en 2025, pero el Gobierno no la está cumpliendo, situación que motivó una acción de amparo del Consejo Interuniversitario Nacional con respaldo de más de 40 universidades públicas.
En diciembre de 2025, el juez federal Enrique Cormick suspendió el decreto que frenaba su aplicación y habló de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. El Ejecutivo apeló esa decisión en febrero de 2026 y, casi al mismo tiempo, presentó un nuevo proyecto que reduce el alcance de la recomposición salarial y elimina la garantía de actualización por inflación. En ese escenario, el conflicto universitario vuelve a escalar y amenaza con convertirse en uno de los principales frentes de resistencia al ajuste oficial.
