Los gremios docentes de Salta se unen contra el ajuste salarial y la Reforma Laboral

Lo que comenzó como una pulseada por porcentajes salariales terminó de estallar este miércoles. A la confirmación de la Asociación de Docentes de Salta (ADP) de adherirse al paro nacional de CTERA para este lunes 2 de marzo, se sumó el fuerte rechazo de SITEPSA, liderado por Victoria Cervera. 

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Salta está virtualmente quebrado, no solo por el 8% ofrecido por el Gobierno provincial, sino por la sombra de la Reforma Laboral que el Senado tratará este viernes 27. Victoria Cervera fue contundente al denunciar que el sector docente está bajo ataque. Según la titular de SITEPSA, la reforma que impulsa el Gobierno Nacional impactará de lleno en las licencias médicas y en el régimen de ingresos. 

"Estamos en contra de la reforma laboral porque es el puntapié inicial para un desentendimiento total del Estado del derecho a la educación", advirtió Cervera en diálogo con Somos la Mañana.

La dirigente fue más allá y denunció una persecución sindical: "Nos han sacado las representaciones, hay retención indebida de haberes y se nos persigue por defender el salario". Para SITEPSA, el borrador que circula sobre una futura reforma educativa —que incluiría el polémico sistema de vouchers— es el verdadero "cambio de paradigma" que los docentes no están dispuestos a aceptar.

El anuncio de ADP de ir al paro por mayor presupuesto educativo y la restitución del Incentivo Docente (FONID) le dio el marco nacional a la protesta, pero en Salta el malestar es local y profundo. El intento del ministro Roberto Dib Ashur de "maquillar" la oferta inicial del 8% parece no haber tenido efecto frente al temor que genera la modificación del régimen de faltas y licencias que se votará este viernes en el Congreso.

Con ADP y SITEPSA alineados en la medida de fuerza, el acatamiento el próximo lunes promete ser masivo. Mientras el gobernador Gustavo Sáenz insiste en que "no se puede ofrecer lo que no se puede pagar", los docentes responden que no pueden trabajar bajo la amenaza de perder derechos conquistados.