La muerte de Saavedra, un golpe a la credibilidad judicial

La Justicia de Salta enfrenta un terremoto institucional. A pocas horas de iniciarse el juicio oral por el femicidio de Jimena Beatriz Salas —previsto para el martes 16 a las 8.30 en la Sala I del Tribunal de Juicio— uno de los imputados centrales, Javier Nicolás Saavedra, apareció muerto en la Alcaidía General.

Saavedra fue hallado con signos de haberse autolesionado y trasladado al hospital Del Milagro, donde ingresó sin vida. El Ministerio Público Fiscal asegura que se cumplieron “todas las medidas de rigor”, pero el hecho es simple y brutal: un imputado clave en una causa que lleva años sin resolverse muere bajo la vigilancia del propio Estado.

En la causa están imputados Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

El fiscal Santiago López Soto dispuso la autopsia en el CIF, dio participación a la familia para que designe un perito de parte y encomendó tareas al Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Todo enmarcado en el manual de procedimientos. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿sirven las “medidas de rigor” cuando los hechos ya consumados exponen que el Estado no pudo garantizar lo mínimo, la vida de un detenido?

El crimen de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017, fue uno de los casos más conmocionantes de Salta. Desde entonces, la investigación se enreda en idas y vueltas, imputaciones y desimputaciones, cambios de hipótesis y un largo desgaste público. Con la muerte de Saavedra, la causa suma un nuevo capítulo que no aporta claridad sino más incertidumbre. ¿Cómo se construirá ahora la verdad judicial si uno de los principales señalados ya no puede defenderse ni ser juzgado?

La muerte de Saavedra es también un golpe a la credibilidad institucional. La sociedad salteña, que espera respuestas desde hace más de ocho años, vuelve a recibir señales de improvisación y debilidad en los organismos encargados de investigar, juzgar y custodiar. La Justicia parece siempre correr detrás de los hechos, sin capacidad de prevenir ni de dar certezas.