


En un fallo ejemplar, la jueza de Personas y Familia de Tartagal, Carmen Juliá, ha tomado medidas contundentes contra un hombre que, desde hace casi cinco años, incumple con el pago de la cuota alimentaria de su hija. La magistrada ordenó la prohibición de su salida del país y de la provincia, además de retirarle la licencia para conducir cualquier tipo de vehículo.
El hombre, que por sentencia de 2019 debía depositar una suma equivalente al 30% del salario mínimo vital y móvil, no realiza pagos desde febrero de 2020. Aunque fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios, el incumplimiento continuó.
La jueza Juliá calificó la conducta del padre como "reprochable" y una "modalidad de violencia económica" hacia su hija, de 18 años, y la madre, que se ve obligada a afrontar todas las necesidades de la joven con su único ingreso: la asignación universal.
La decisión de la jueza se basa en el principio de que la obligación de proveer alimentos a los hijos es un deber ineludible. La jueza enfatizó que los padres no pueden excusarse por falta de empleo o disminución de ingresos, ya que han asumido el deber de proveer a sus hijos.
Las medidas, que incluyen la retención de la licencia de conducir y la prohibición de salir del territorio nacional y provincial, se mantendrán vigentes hasta que el hombre cumpla con el pago de la deuda y regularice la cuota alimentaria mensual. Este fallo sienta un precedente importante en la provincia para garantizar los derechos de los menores y combatir el incumplimiento de las responsabilidades parentales.


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