Avance judicial con retroceso institucional: fuerte presión a Sáenz para que vete la ley

El Foro de Observación de la Calidad Institucional pidió al gobernador que frene una ley promovida por la Corte de Justicia que impone un tributo a quienes recurran en queja ante el máximo tribunal. Advierten que es inconstitucional y restringe el acceso a la Justicia.

El FOCIS expresó su “firme rechazo” al proyecto de ley recientemente aprobado por la Legislatura provincial que crea un tributo especial para quienes deban presentar un recurso de queja ante la Corte de Justicia. En un comunicado público, la organización advirtió que se trata de una medida “inconstitucional, desigual y regresiva” y pidió al gobernador Gustavo Sáenz que utilice su facultad de veto.

La iniciativa, impulsada por la propia Corte de Justicia, propone cobrar una tasa a quienes recurran al máximo tribunal provincial cuando un tribunal inferior les deniegue una apelación. Para el FOCIS, esto introduce una barrera económica que afecta el acceso a la Justicia, viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa consagrados en los artículos 13 y 18 de la Constitución Provincial.

“El proyecto genera una marcada diferencia entre los habitantes según su patrimonio, contrario al principio de igualdad. A quienes no puedan pagar el tributo se les veda la posibilidad de recurrir ante la Corte”, alertó el Foro.

Pero además del cuestionamiento ético y social, el FOCIS subraya la gravedad institucional del procedimiento legislativo seguido para aprobar la norma. Según explicó la entidad, el proyecto fue presentado por la Corte de Justicia invocando el artículo 153 inciso e de la Constitución, que le otorga iniciativa legislativa para leyes relativas al funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, el Foro remarca que esa atribución no habilita a la Corte a proponer la creación de tributos, facultad que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 98 de la Constitución provincial.

“El procedimiento es nulo, porque la iniciativa fue mal canalizada desde el origen. Es inadmisible que la Corte, órgano máximo de justicia, incurra en una extralimitación tan evidente de sus atribuciones”, sostiene el comunicado, que también denuncia que el tratamiento legislativo comenzó por el Senado y no por la Cámara Baja, en abierta contradicción con el texto constitucional.

El FOCIS se sumó así a las críticas ya formuladas por el Colegio de Abogados de Salta, que también cuestionó con dureza el proyecto. Ambas instituciones consideran que la ley representa un grave retroceso en términos de institucionalidad, equidad y acceso a la Justicia.

El pedido de veto se ampara en el artículo 131 de la Constitución Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo a observar las leyes sancionadas por la Legislatura. Ahora, todas las miradas apuntan al gobernador Sáenz, que deberá definir si convalida una norma cargada de objeciones jurídicas y políticas o si, por el contrario, opta por preservar los principios constitucionales que hoy están en juego.