El Gobierno flexibiliza despidos: crean un sistema que diluye el derecho a la indemnización

A través de un marco regulatorio publicado este lunes, el Ejecutivo habilitó la creación de fondos de cese laboral acordados entre empresas y trabajadores. Las indemnizaciones podrán financiarse con aportes periódicos y personalizados.

En una nueva medida que profundiza su plan de reformas estructurales, el Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes un nuevo esquema de indemnizaciones laborales. Se trata de la implementación de los “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”, un mecanismo que permite a empleadores y trabajadores conformar fondos voluntarios para cubrir las obligaciones derivadas de un despido.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece el marco regulatorio para la creación de este sistema, que podrá ser acordado en el marco de convenios colectivos o de manera individual. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es dar mayor previsibilidad a las relaciones laborales y evitar litigios derivados de la terminación de los contratos.

A diferencia del esquema tradicional de indemnización por despido establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, el nuevo fondo se caracteriza por su flexibilidad: cada sector, empresa o incluso trabajador podrá definir los aportes, tanto en porcentaje como en montos fijos, así como su periodicidad. Esos fondos funcionarán como cuentas individuales o colectivas destinadas exclusivamente a afrontar posibles ceses laborales.

Entre los puntos centrales de la normativa, se destaca que los fondos serán inembargables y que no podrán ser usados para otros fines más allá del cese laboral. Asimismo, sólo podrán recibir aportes de los propios empleadores y/o trabajadores, y deberán ser canalizados a través de instrumentos financieros regulados.

Desde el oficialismo sostienen que este nuevo esquema promueve “mayor libertad de contratación” y puede fomentar la formalización del empleo. No obstante, sectores sindicales y expertos en derecho laboral ya manifestaron preocupación por una posible desprotección de los trabajadores y la eventual eliminación de derechos adquiridos.

La medida se inscribe en una serie de reformas laborales que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión y que buscan reducir los costos laborales no salariales. La implementación dependerá ahora de la adhesión que genere en los distintos sectores, en especial en las negociaciones paritarias.