Medios en la mira: proyecto de ley que exige espacios gratuitos genera controversia en Salta

Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Salta, impulsado por la Diputada Griselda Galleguillos (Bloque Frente Liberal Salteño), está generando debate en el sector de los medios de comunicación.

La propuesta busca establecer la obligatoriedad para todos los medios salteños, tanto audiovisuales como gráficos (impresos o digitales), de ceder un espacio diario gratuito para la difusión de mensajes de concientización, educación y promoción social elaborados por organismos públicos.

El proyecto de ley especifica que los mensajes a difundir deberán ser producidos por organismos públicos y estarán claramente identificados con la leyenda “Espacio cedido en cumplimiento de la Ley Provincial N°….”. Un punto clave de la iniciativa es que estos contenidos no podrán contener propaganda política ni partidaria de ningún tipo, buscando garantizar la neutralidad ideológica.

Según la fundamentación de la Diputada Galleguillos, la finalidad de la ley es fortalecer la conciencia social y promover valores positivos en la comunidad salteña. Se argumenta que los medios de comunicación, dada su llegada masiva y su capacidad de formar opinión, son "aliados estratégicos" para este objetivo. La propuesta establece que la cesión de estos espacios no generará costos para el Estado ni para los productores de los contenidos.

La legisladora hace referencia a la Ley Nacional 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que ya obliga a los medios a ceder espacios publicitarios gratuitos durante los períodos electorales. Este precedente, según la diputada, "reconoce el interés público por sobre el interés comercial de los medios en ciertas circunstancias". La diferencia clave, según Galleguillos, es que esta ley provincial busca un objetivo similar pero con fines exclusivamente sociales y educativos, desvinculados de partidos políticos, funcionarios o campañas gubernamentales.

Si bien la intención de promover el bien público a través de los medios es loable, la iniciativa ya genera interrogantes en el sector. La principal objeción podría centrarse en la obligatoriedad y gratuidad impuesta a los medios. Para muchos, esto podría ser percibido como una intervención del Estado en la libertad de empresa y en la autonomía editorial de los medios, más allá de los contenidos específicos que se difundan.

La pregunta que surge es si la cesión obligatoria de un espacio, incluso para mensajes de bien público, no podría sentar un precedente que, en el futuro, abra la puerta a otras imposiciones o afecte la viabilidad económica de medios, especialmente los más pequeños, que dependen de sus espacios publicitarios. Además, queda por definir cómo se garantizará la "neutralidad ideológica" y quién determinará qué contenido califica como "bien público" sin incurrir en sesgos.

Actualmente, el proyecto no ha obtenido dictámenes de las Comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. Su paso por estas comisiones será crucial para un debate que pondrá en la balanza el interés público de la concientización social y los principios de la libertad de prensa y la sostenibilidad económica de los medios de comunicación.