Investigan posibles irregularidades en el IPS: la Fiscalía de Delitos Económicos inició actuaciones de oficio

El Ministerio Público notificó la apertura de una investigación preliminar el 28 de mayo. El caso se originó a partir de una notitia criminis vinculada a presuntas maniobras irregulares en el Instituto Provincial de Salud.

La transparencia vuelve a estar en tela de juicio en uno de los organismos más sensibles del Estado salteño. La Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos inició el pasado 28 de mayo una actuación de oficio para investigar presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). La medida fue comunicada de manera oficial en el marco de una notitia criminis, término jurídico que refiere a la recepción de una denuncia o información que da origen a una investigación penal, incluso sin que medie una denuncia formal.

Aunque todavía no se conocen públicamente los detalles de las posibles maniobras bajo la lupa, fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía ya comenzó a reunir documentación e informes internos del organismo para evaluar si existen elementos que configuren delitos económicos o administrativos.

El IPS, que brinda cobertura a más de 300.000 afiliados en toda la provincia, administra un presupuesto millonario y es uno de los entes autárquicos más importantes del sistema de salud provincial. Precisamente por esa magnitud —y por su historial de denuncias poco esclarecidas—, las alertas se encendieron rápidamente.

Lo que se sabe hasta ahora es que la actuación se produce en un clima enrarecido, en el que confluyen versiones sobre contrataciones directas poco claras, supuestos sobreprecios y posibles beneficios a determinados prestadores. “No se trata de rumores, sino de elementos que motivaron la intervención de la Fiscalía, lo cual no es un hecho menor”, explicó a El Tintero de Salta una fuente del Poder Judicial.

Además, desde sectores vinculados al control de la gestión pública recordaron que el IPS no cuenta con mecanismos transparentes y públicos de rendición de cuentas, lo que dificulta el seguimiento ciudadano sobre el uso de los fondos.

La falta de controles cruzados, la opacidad en la adjudicación de prestaciones y la concentración de decisiones clave en pocos funcionarios ya habían sido motivo de críticas en informes de organismos independientes. Sin embargo, nunca hasta ahora se había formalizado una actuación penal de oficio sobre la conducción del instituto.

Desde el Ministerio Público informaron que, por el momento, no hay personas imputadas, ya que la causa se encuentra en etapa preliminar de análisis documental. Sin embargo, la sola apertura de la investigación marca un cambio de clima: por primera vez en mucho tiempo, el IPS aparece en el radar judicial como posible escenario de delitos económicos complejos.

Mientras tanto, el silencio oficial se impone. Ni desde la conducción del IPS ni desde el Ejecutivo provincial se emitió hasta ahora una declaración pública sobre el tema. Pero puertas adentro, ya se habla de una “tormenta institucional” que podría escalar si la investigación avanza.

La salud no solo debe garantizarse en consultorios y quirófanos, también en las cuentas claras y en la gestión ética de los recursos públicos. Y en un organismo que maneja millones y atiende a la población más vulnerable, la transparencia no es una opción: es una obligación.