La dignidad no se negocia: Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Organizaciones de todo el país reclamaron en las calles la urgente sanción de una ley para proteger derechos básicos. La frase de un funcionario desató la indignación: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”. El reclamo llegó hasta la ONU.

“Mi hijo no es un gasto, es una persona”, gritó una madre en la plaza principal de su ciudad. A su alrededor, carteles, sillas de ruedas, banderas, manos levantadas. La escena se repitió este miércoles en distintos puntos del país, como parte de la Jornada Federal por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca visibilizar el abandono sistemático que viven miles de personas con discapacidad y sus familias en la Argentina.

El reclamo no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. La falta de prestaciones, los recortes en pensiones, la caída de programas de acompañamiento y el deterioro general del sistema de salud afectan con crudeza a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. En este contexto, más de 150 organizaciones volvieron a movilizarse para exigir que el Congreso apruebe un proyecto de ley que declare la emergencia en el área, garantice recursos y ponga fin al ajuste encubierto que golpea con fuerza donde más duele.

Pero lo que desató la mayor indignación en esta jornada fue una frase que se volvió viral por su brutalidad. Durante una reunión con familiares, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, respondió a una madre que reclamaba asistencia para su hijo con una frase que cayó como una bomba:
“Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”.

La frase generó una ola de repudios en redes sociales, medios de comunicación y espacios institucionales. Diversas asociaciones emitieron comunicados exigiendo la renuncia del funcionario y recordaron que el Estado tiene la obligación legal —y moral— de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La repercusión fue tal que el tema llegó incluso a instancias internacionales: organizaciones presentaron una denuncia formal ante la ONU, por considerar que en la Argentina se están vulnerando principios básicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En Salta, también hubo movilizaciones. Familias, terapeutas, trabajadores de la salud y representantes de asociaciones civiles se concentraron frente a Casa de Gobierno. Allí leyeron un documento colectivo en el que se denunció “el vaciamiento estructural de políticas públicas” y se exigió que se trate con urgencia la ley en el Congreso. “No pedimos privilegios, pedimos lo básico: que se respeten los derechos de nuestros hijos, de nuestros pacientes, de nuestra gente”, dijo una trabajadora del área.

El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad propone, entre otros puntos, la asignación prioritaria de fondos, la continuidad de tratamientos y la garantía de transporte, educación y accesibilidad. Pero duerme en los despachos del Congreso, postergado, como tantas veces, por la lógica de una política que parece olvidar a quienes no tienen lobby, ni cámaras, ni voz.

En cada ciudad del país, el mensaje fue el mismo: la dignidad no es negociable. Y si el Estado no escucha, serán las familias, las organizaciones y las comunidades quienes seguirán alzando la voz. Porque nadie elige la discapacidad, pero sí se puede elegir entre el abandono o el acompañamiento. Y ese es un problema de todos.