La Corte de Salta no se apartará como Tribunal en un juicio en su contra

A pesar de ser una de las demandadas en el juicio de amparo iniciado contra todos los poderes de la Provincia por haber omitido reglamentar la ley de acceso a la información pública, la Corte de Justicia de Salta resolvió por decisión de cinco de sus nueve miembros, que no se apartará de la causa a pesar de que todos los jueces que la integran fueron recusados.

El juicio de amparo en trámite ante la Corte de Justicia de Salta, iniciado el 8 de octubre de 2024 por distintas organizaciones de la sociedad civil, tiene por finalidad que el Poder Ejecutivo, las Cámaras de Diputados y de Senadores, el Ministerio Público y la Corte de Justicia, reglamenten la ley de acceso a la información pública y aseguren en el ámbito de sus competencias el pleno acceso de la ciudadanía a la información que se encuentra en su poder.

En su demanda, las organizaciones civiles solicitaron a los nueves jueces que integran la Corte que se aparten de la causa y de que se constituya de manera inmediata un Tribunal ad hoc, integrados por magistrados subrogantes a fin de asegurar que el juicio sea resuelto por jueces imparciales e independientes.

La decisión de no apartarse por parte de la Corte de Salta

Luego de dos meses de demora, el 14 de enero de 2025, los jueces recusados resolvieron que no se apartarán de la causa. La resolución fue firmada durante la feria judicial, por los los jueces Teresa Ovejero, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edith Nallim, Pablo López Viñals y María Alejandra Gauffin, quiénes señalaron que no existen en su entender, motivos para apartarse ya que debe interpretarse que cuando la ley habla de interés en el pleito se refiere a un interés personal de naturaleza pecuniaria y económica.

Argumentaron su decisión apelando a antiguos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero omitiendo considerar que el máximo Tribunal de nuestro país tiene dicho que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema judicial ya que es una manifestación directa de las garantías de defensa en juicio y debido proceso y que cuando se invoca algún motivo “serio y razonable” que funde el temor de parcialidad, los jueces no pueden desconocer que dichos planteos, precisamente, procuran hacer regir el derecho de defensa en juicio y, por tanto, no pueden ser desconocidos con exclusivos fundamentos de carácter ritual o aparente.

Por su parte, los jueces Ernesto Samsón y Guillermo Catalano, aceptaron apartarse del proceso judicial entre otros motivos, por ” razones de decoro” y “de violencia moral”.

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