Un Tribunal Federal se encargará de la causa contra Emiliano Estrada por intimidación pública

Este lunes se realizó una audiencia donde la Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, que tramita la causa por intimidación pública y que mantiene imputado al diputado nacional Emiliano Estrada, el empresario mediático Federico Mesa Saravia, y los empleados para la creación de los perfiles falsos Javier Allemand, Florencia Bustamante y Marco Capisano, delegó la competencia a la justicia federal para que avance en contra del legislador. 

Durante la audiencia, la fiscal señaló que "Estrada reviste la calidad de Diputado Nacional por la Provincia de Salta y que, habiendo sido él quien instruyó, y ordenó al Sr. Allemand y la Sra. Bustamante la creación, publicación de los videos analizados en autos y que dicho trabajo habría sido financiado mediante fondos públicos de la Administración Pública Nacional (ambos son personal de la Cámara de Diputados de la Nación asignados como asesores del Diputado Estrada) es que corresponde analizar la competencia material de dicha Unidad Fiscal y de la Justicia Provincial en General".

La declinación de competencia es sólo para las conductas desplegadas por el Diputado Nacional Emiliano Estrada, exclusivamente porque entiende que los delitos imputados y la posible comisión de "Peculado de Servicios". Y esto por haber ordenado a empleados contratados de la Cámara de Diputados de la Nación para la creación de cuentas truchas, lo cual se interpreta a la luz de la ley como delitos federales.

Que dice la Justicia Federal

En audiencia de excepciones, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, declaró la competencia federal de una causa abierta en contra del diputado nacional, Emiliano Estrada, por los delitos de intimidación pública y peculado.

La decisión fue propiciada por el fiscal general, Eduardo Villalba, quien señaló como fundamento principal la decisión del titular de dicho juzgado provincia, Pablo Zerdán, quien el 6 de febrero pasado, mediante una resolución, declaró su incompetencia material para seguir adelante con la investigación abierta contra el legislador nacional, no así respecto a otras cuatro personas imputadas en la misma causa, las que seguirán ligadas a la justicia provincial.

El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dejó en claro que “la justicia federal no es un órgano de apelación de las causas que se dirimen en la justicia provincial”. No obstante, y dada la investidura del acusado, como así también el presunto hecho de que, a partir de empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, habría incurrido en una conducta ilícita que afecta los intereses nacionales, propuso aceptar la competencia.

Previamente, el abogado Jorge Ovejero, en representación de dicho diputado presentó el caso e instó el cambio de jurisdicción de acuerdo a lo propuesto por la fiscalía provincial. Reveló que su cliente había sido imputado, entre el 16 y 21 de enero, por los delitos mencionados, causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.