El gobierno nacional nombro a Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera, luego de remover a Yacobuchi

Ignacio Yacobucci, según directivas del Ministro de Justicia de la nación, fue removido de su cargo y será reemplazado por el fiscal federal Paul Starc. El ministro Cúneo Libarona, justificó la decisión aludiendo a críticas sobre el desempeño técnico y gastos excesivos durante la administración del ahora ex titular de la Unidad de Información Financiera.

El gobierno esta tarde decidió remover a Ignacio Yacobucci de su cargo como presidente de la Unidad de Información Financiera, después de crecientes cuestionamientos a su gestión y a sus conductas administrativas.

Yacobucci, abogado y contador público asumió la dirección de la UIF en febrero de 2024, enfrentó diversas controversias. Entre ellas, destacaron los cuestionamientos sobre la eficacia del organismo en causas sensibles como narcotráfico y lavado de dinero.

También se cuestionó sus frecuentes viajes al exterior, en los que utilizó boletos en primera clase y movilizó comitivas numerosas, lo que fue interpretado como una contradicción frente a la política de austeridad impulsada por el gobierno nacional.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia subrayó "la necesidad de fortalecer la UIF y recuperar la confianza pública en su accionar". Siguiendo este propósito, se anunció la designación del fiscal federal Paul Starc como el nuevo titular del organismo.

Starc, reconocido por su experiencia en investigaciones complejas y su capacidad para coordinar esfuerzos interagenciales, asumirá la tarea de liderar un organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Aunque el reconocimiento no siempre fue positivo, ya que cuando ejerció el cargo de subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, tuvo que renunciar luego de ser cuestionado por investigaciones mal encaminadas; puntualmente por el caso de la Familia Pomar.

La remoción de Yacobucci refleja el descontento del Ejecutivo con la gestión de uno de los organismos más sensibles en el combate contra el crimen financiero, en un contexto en el que el país busca fortalecer su posición internacional en materia de transparencia y cumplimiento de normas financieras. Dejando en claro que lo principal es resolver la cuestión económica, no moral, de la sociedad salteña.