Los cortes de ruta, especialmente en el norte, se agravaron en los últimos meses debido a la inoperancia de Aguas del Norte que mantuvo cortes en el suministro de este derecho elemental para vida con temperaturas extremas que llegaron a los 45°, inclusive, además de las altas temperaturas hubieron apagones con el servicio eléctrico y tarifazos por parte de Edesa, otra empresa ineficiente en Salta.

En este marco de problemas y necesidades básicas, el gobierno provincial no pudo resolver ninguno de ellos y agravó el malestar de la sociedad que tiene como única alternativa para hacerse escuchar cortar rutas, generando una convocatoria de Sáenz con el ministro de justicia Domínguez, el procurador Castiella y el jefe de fiscales federales Villalba, para evaluar "medidas" al respecto.

Este 2 de febrero se conoció el Decreto 91 que aprueba el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas” mostrando otra gran contradicción del gobierno actual ya que considera los cortes de los Departamentos Orán y San Martín menoscaban la "calidad de vida, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general". Como si la falta de agua y luz no fuera eso.

La respuesta fue contundente. El fiscal federal Eduardo Villalba aclaró, por Radio Nacional, que el Protocolo fue definido únicamente por el gobierno y descartó que vaya a ordenar el uso de la fuerza pública federal para despejar las rutas nacionales. "Obviamente que colisiona con el derecho a circular", indicó y remató. "No estamos en condiciones de emplear la fuerza porque detrás de casa empleo de fuerza hubo una muerte, entonces un fiscal no puede desentenderse de esas consecuencias", aclaró.

En pocas palabras el Gobierno buscar represión para despejar las rutas por los problemas que no puede resolver y presiona a los fiscales federales para que sean ellos quienes carguen con los costos de emplear violencia.

La opereta montada

Mientras, algunos funcionarios aparecieron en medios oficialistas para "presionar" a la justicia federal para que actúe. De hecho, Pablo Outes, declaró que estuvieron muy cerca de presentar una denuncia penal contra los fiscales federales por los cortes de ruta y acusó que no resuelven "ni un solo caso". 

En tanto, el ministro De los Ríos se mostró molesto porque a la sequía se le suman los cortes de ruta y los piquetes en Salta y dejó entrever que al gobierno lo presionan desde el sector agropecuario más que reflexionar sobre las causas de esos cortes en los cuales su gobierno tiene responsabilidad.

Por su parte, el interventor de Salvador Mazza fue más tosco y no escatimó en responsabilizar a quienes padecen los problemas mencionados anteriormente como funcionales al narcotráfico. "Los cortes de ruta en el departamento San Martín no son casualidad; son funcionales al narcotráfico o sea que los fiscales federales y la jueza de ese fuero lo saben", dijo Zigarán intentando presionar a los fiscales federales.