La jueza Zunino advirtió que ‘’la opinión pública puede influir en el jurado’’

La titular del Juzgado de Garantías N.º 1 advirtió que la mediatización de un caso puede influir significativamente en la decisión de las personas que integren el jurado. "El imputado tiene derecho a elegir si quiere o no ser juzgado por un jurado", expresó.

La magistrada expresó que la posibilidad de elección debería estar contemplada como una garantía para los acusados. "¿El imputado por qué no va a elegir? Tiene el derecho de ser juzgado por un juez natural y, si considera que quiere ser juzgado por el juez competente, lo puede realizar porque es una garantía que él tiene", señaló Zunino.

La jueza destacó que esta modalidad ya se encuentra contemplada en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, donde se han debatido ampliamente los alcances y la legitimidad de dicha alternativa. Además, resaltó la existencia de antecedentes jurisprudenciales que avalan esta práctica.

El rol de la opinión pública y los jurados populares

Zunino también hizo referencia a la posible influencia de la opinión pública en los jurados populares, especialmente en casos de alto impacto mediático. "Quizás ese jurado puede estar contaminado con ideas preconcebidas, no como algo malicioso o que haga sospechar de su imparcialidad, sino porque somos personas permeables a la opinión pública", explicó.

La jueza remarcó que, aunque el sistema de jurados populares busca representar la voz de la ciudadanía, el nivel de exposición de ciertos casos podría generar sesgos involuntarios.

Un debate que toma fuerza en Salta

La propuesta del juicio por jurado ha generado un amplio debate en la provincia. Mientras algunos sectores lo consideran un paso necesario hacia una justicia más transparente y participativa, otros plantean dudas sobre su implementación y sus posibles desafíos.

La perspectiva de Zunino abre una nueva arista en este debate, poniendo el foco en los derechos del imputado y en las garantías necesarias para un juicio justo. La decisión final sobre la modalidad que adoptará Salta estará en manos de los legisladores, quienes deberán considerar las distintas propuestas y antecedentes antes de dar luz verde al proyecto.

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