El Gobierno hizo oficial el cierre del INADI: aquí los fundamentos

De esta manera, el Ejecutivo concretó la medida anunciada meses atrás, cuando se anunció el cierre de las oficinas del organismo.

El Gobierno concretó en las últimas horas el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), una medida que había anunciado en febrero pasado cuando dispuso el cierre de las dependencias del organismo en todo el país.

El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispone: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.

Con el cierre del Inadi, la totalidad de los recursos que le eran destinados pasarán a la órbita del Ministerio de Justicia, que será el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

Los argumentos para cerrar el Inadi

En las consideraciones del decreto, se indica que la intervención del organismo durante 12 años “fracasó”, y puso en evidencia el “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”.

A su vez, aseguró que la actual gestión descubrió “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.

Sumado a ello, argumentó que “el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos” y que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional”.

Por último, el documento sostiene que a las “irregularidades en la gestión de los recursos”, se suma el “incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.